En el Escambrón, donde el mar ha sido testigo de siglos de historia y la brisa todavía guarda el eco de las primeras defensas de San Juan, la controversia del multipisos dejó de ser un asunto de planos y columnas para convertirse en una disputa sobre la esencia misma del patrimonio público. Lo que comenzó como un debate técnico sobre estacionamientos se reveló como un conflicto de cumplimiento federal, de integridad gubernamental y de respeto a la memoria colectiva.

 La confirmación de que el Municipio de San Juan jamás notificó al Departamento del Interior sobre su intención de alterar el uso del área no solo desnudó la fragilidad del proyecto, sino que reafirmó la postura de quienes, desde las minorías legislativas y las organizaciones ambientales, han advertido que el multipiso es jurídicamente inviable, políticamente insostenible y ambientalmente injustificable.

El Escambrón no es un espacio cualquiera: es parte de un sistema de áreas protegidas bajo la Ley Federal Land and Water Conservation Fund Act de 1965, una legislación que nació para asegurar que los lugares destinados al disfrute público permanezcan abiertos, accesibles y preservados para las generaciones presentes y futuras. Esa ley establece que toda área que recibe fondos LWCF queda protegida a perpetuidad para uso recreativo público.

No hay ambigüedad en su mandato: ningún municipio puede convertir ese uso sin autorización federal, y si pretende hacerlo, debe ofrecer una propiedad sustituta de igual o mayor valor, ubicada en un lugar con utilidad recreativa equivalente, sometida a tasaciones rigurosas, análisis ambientales exhaustivos y revisiones históricas que honren la memoria del lugar. El Servicio Nacional de Parques vigila ese cumplimiento con la constancia de quien sabe que la protección del espacio público es una promesa que no admite descuidos.

En Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes actúa como guardián de ese compromiso federal. Es el enlace oficial ante el NPS, el único canal por el cual los municipios pueden solicitar fondos o cambios, el custodio del plan estatal que define cómo se protege y se administra el acceso recreativo. Nada puede hacerse sin pasar por ese proceso, sin cumplir con el SCORP y sin someter la documentación que exige la ley.

Por eso, cuando el Municipio de San Juan decidió avanzar con el multipisos sin presentar una solicitud formal de conversión, sin evaluar alternativas que evitaran la destrucción del litoral, sin tasación federal, sin identificar un terreno sustituto, sin revisión ambiental ni histórica, y sin expediente alguno ante el gobierno federal, lo que hizo no fue un trámite incompleto: fue una ruptura deliberada con el marco legal que protege el Escambrón.

El reglamento federal, en su claridad casi poética, establece que ninguna conversión de un área LWCF puede considerarse sin cumplir con todos los requisitos de 36 CFR 59.3. El NPS solo contempla cambios cuando el municipio demuestra que ha agotado todas las alternativas prácticas, cuando la propiedad a convertir ha sido tasada bajo estándares federales, cuando la sustituta tiene igual o mayor valor y utilidad recreativa, cuando la ubicación es razonablemente equivalente y cuando la conversión no reduce el acceso público ni la calidad del disfrute.

El multipisos, que pretende levantar concreto donde hoy respira el mar, no cumple con ninguno de esos criterios. No hay sustituto equivalente, no hay análisis de alternativas, no hay tasación, no hay expediente federal. Solo hay silencio administrativo y prisa política.

Ese incumplimiento no es un detalle menor. El NPS puede suspender fondos federales futuros, exigir restitución del valor invertido, ordenar la reversión de la construcción e iniciar investigaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales. El Manual LWCF advierte que la falta de cumplimiento puede resultar en sanciones severas, incluyendo la pérdida de elegibilidad para fondos recreativos. En otras palabras, insistir en el multipiso no solo amenaza el litoral: amenaza la credibilidad del Municipio y su capacidad de acceder a recursos federales esenciales.

A la vez, el DRNA, custodio del litoral y de las leyes ambientales del país, tiene la responsabilidad de evaluar impactos sobre zonas costeras, dunas, flora y fauna, de garantizar que todo proyecto cumpla con la Ley de Política Pública Ambiental y la Ley de Costas, y de coordinar con NOAA bajo el programa de manejo de zonas costeras. Un multipisos en un litoral urbano sensitivo contradice esa misión, altera ecosistemas frágiles y rompe con la obligación de proteger la costa como bien común.

Porque el Escambrón no es solo un parque: es un paisaje histórico, un espacio comunitario, un bien de dominio público que no puede ser tratado como un solar disponible para negociaciones privadas. Su escala humana, su horizonte abierto, su valor recreativo y su integridad ambiental forman parte de una identidad que no admite la imposición de infraestructura dura. Levantar un multipisos allí sería alterar irreversiblemente el carácter del lugar, romper la continuidad del paisaje y sustituir la experiencia recreativa por la sombra del cemento.

Las minorías en la legislatura municipal de San Juan han denunciado desde el inicio que el proyecto nació de un proceso opaco, sin información completa, sin cumplimiento federal, sin alternativas menos invasivas y sin respeto por la naturaleza pública del litoral. Las organizaciones ambientales y comunitarias han levantado la voz ante la falta de transparencia, la amenaza ambiental, la violación de la política pública costera y la ausencia de permisos federales. Hoy, con la evidencia de que el Municipio nunca notificó al Departamento del Interior, esas denuncias no solo se confirman: se reivindican.

Porque cuando un alcalde impulsa un proyecto que requiere autorización federal y decide ignorar el proceso, no estamos ante un error técnico: estamos ante una falla de gobernanza. El Escambrón es un litoral protegido por ley, por política pública y por memoria colectiva. La ausencia de gestión federal revela que el Municipio sabía que el proyecto era incompatible con LWCF, que intentó avanzar sin cumplir con los requisitos, que no evaluó alternativas, que no respetó la naturaleza recreativa del espacio y que no actuó con transparencia ante la Legislatura ni ante el país.

Por eso, la oposición al multipisos no es caprichosa: es una defensa jurídica, histórica y comunitaria. El Escambrón merece protección, no cemento; merece transparencia, no improvisación; merece liderazgo, no imposición. Y hoy, con la evidencia disponible, la conclusión es inevitable: el multipisos no se puede construir, no se debe construir y no se permitirá construir.