Durante semanas, las comunidades aledañas al Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico vivieron entre humo, incertidumbre y la ausencia de información oficial. El incendio del 21 de agosto, seguido por otro evento nocturno el 23, no solo puso en evidencia la fragilidad ecológica del área en tiempos de sequía, sino también la fragilidad institucional del Municipio de San Juan. En medio de ese escenario, la Delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal presentó el 25 de agosto una petición clara, urgente y fundamentada: investigar los incendios, atender a las comunidades afectadas, establecer protocolos de alerta y preparar un plan de desalojo.
Sin embargo, semanas después —cuando ya la ciudadanía había vivido dos episodios de humo intenso y reportado síntomas respiratorios— el Director de Manejo de Emergencias Municipales, Carlos Acevedo, respondió con una seguridad que hoy resulta insostenible. En su misiva, afirmó que “se entiende que este incendio no es uno provocado por el hombre”, adjudicando las causas exclusivamente a la sequía y al viento, sin contar con ningún informe oficial de investigación. Esa afirmación, presentada como certeza técnica, fue en realidad un acto de arrogancia institucional: una conclusión sin evidencia, emitida en un momento en que la comunidad exigía transparencia y rigor.
La realidad lo alcanzó. El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la agencia con jurisdicción investigativa, concluyó posteriormente que sí hubo mano criminal en los incendios. La narrativa de Acevedo se derrumbó. Su intento de minimizar la posibilidad de acción humana —sin datos, sin investigación, sin evidencia— quedó contradicho por los propios expertos que él mismo citó en su carta.
Por el contrario la Universidad de Puerto Rico asumió su responsabilidad ante el resultado de la investigación. Se reunió con la comunidad para dar explicaciones y aumentó la vigilancia en los terrenos incendiados. Este contraste no es menor: mientras el Director de OMME optó por descartar la mano criminal sin fundamento, retrasando la acción municipal y dejando a las comunidades sin la información que merecían, la administración del Jardín Botánico hizo lo correcto.
La Delegación del MVC reafirma hoy, con más fuerza que nunca, la pertinencia y urgencia de su petición original del 25 de agosto. Las comunidades afectadas no pueden seguir dependiendo de respuestas tardías, incompletas o basadas en suposiciones por parte del municipio de San Juan.
Las peticiones del MVC, hoy más necesarias que nunca:
- Investigación oficial inmediata sobre los incendios nocturnos, quemas no autorizadas y la ausencia de alertas comunitarias.
- Informe público detallado sobre los incendios, los daños ecológicos, los riesgos persistentes y las medidas de seguimiento.
- Plan de Desalojo del Área, con rutas claras, refugios designados, protocolos de alerta temprana y guías de protección respiratoria para residentes.
- Reunión pública con las comunidades afectadas, para explicar lo ocurrido, detallar la respuesta municipal y contestar todas las preocupaciones ciudadanas.
- Instalación de un medidor temporal de calidad de aire, para monitorear el humo y proveer datos verificables a la ciudadanía.
- Coordinación interagencial efectiva, incluyendo Bomberos de Puerto Rico, Junta de Calidad Ambiental, DRNA y Policía Municipal, con informes compartidos y accesibles.
Cada una de estas peticiones responde a una necesidad concreta que las comunidades expresaron desde el primer día. Ninguna fue atendida en la carta de Acevedo. Ninguna puede seguir ignorada.
Hoy, con la confirmación de mano criminal, queda claro que la postura del Director no solo fue equivocada: fue irresponsable. La arrogancia institucional tiene consecuencias, y en este caso, las consecuencias las vivió la gente —la que respiró humo, la que escuchó explosiones, la que vio el cielo nublado de ceniza, la que nunca recibió una alerta oficial.
La Delegación del MVC reafirma su compromiso con la transparencia, la fiscalización y la protección de las comunidades de San Juan. La verdad ya salió a la luz: ahora corresponde al Municipio actuar con la seriedad que la situación exige.