Desde el 24 de junio de 2026la discusión pública y legislativa sobre la Ordenanza 55 —propuesta para autorizar un derecho de superficie a favor de Smart Parking System, LLC en el estacionamiento del Parque del Tercer Milenio— se convirtió en uno de los debates más tensos y reveladores sobre la gobernanza municipal en San Juan. Lo que comenzó como un trámite administrativo presentado sin estudios, sin diseño y sin documentación técnica, evolucionó en un proceso marcado por la resistencia ciudadana, la fiscalización de la minoría legislativa y la insistencia de la mayoría en adelantar un proyecto carente de transparencia.
Durante las vistas celebradas a finales de junio y principios de julio, la minoría advirtió que el proyecto llegaba ante la Legislatura sin los elementos mínimos para su evaluación. La ausencia de estudios ambientales, de movilidad, de infraestructura, de impacto económico y de análisis de uso público fue señalada repetidamente. A pesar de ello, la mayoría legislativa insistió en mover el proyecto a comisión, donde se presentaron enmiendas que, lejos de subsanar las deficiencias, confirmaron la falta de rigor del proceso.
A lo largo de julio y agosto, la minoría sostuvo un esfuerzo sistemático de fiscalización. Se exigió la divulgación de documentos esenciales, se cuestionó la capacidad de la empresa proponente y se denunció la opacidad del Ejecutivo Municipal. En ese periodo, la comunidad sanjuanera comenzó a organizarse: residentes, organizaciones ambientales, usuarios del parque y líderes recreativos expresaron públicamente su rechazo a la privatización del estacionamiento y a la entrega de un terreno público sin información clara sobre riesgos y beneficios. La presión ciudadana creció, y la minoría legislativa la amplificó en cada sesión, insistiendo en que el proyecto debía detenerse hasta que se cumpliera con los estándares básicos de gobernanza pública.
El 19 de agosto, la presentación de un memorial explicativo por parte de Smart Parking System, LLC —sin fecha, sin firma y sin propuesta formal— confirmó lo que la minoría venía denunciando: la empresa admitía que no existía ningún estudio ni diseño sometido al Municipio de San Juan. Esta admisión se convirtió en un punto de inflexión. La minoría reiteró que la Ordenanza 55 era, en efecto, un “cheque en blanco” para el Ejecutivo Municipal y una empresa privada sin evidencia de capacidad técnica. Ese mismo día, organizaciones comunitarias celebraron una conferencia de prensa exigiendo el retiro total del proyecto, señalando que el proceso había sido apresurado, opaco y contrario al interés público.
A pesar de la presión ciudadana y de las advertencias de la minoría, la mayoría legislativa emitió un informe positivo sin incorporar estudios, sin requerir documentación técnica y sin atender las recomendaciones de expertos. La minoría denunció que aprobar un informe positivo en esas condiciones era una falta de responsabilidad institucional y un precedente peligroso para la administración de bienes públicos.
Finalmente, el 9 de septiembre, durante la sesión ordinaria, se celebró el debate final. La minoría presentó una argumentación sólida, articulada y basada en evidencia, reiterando los puntos cruciales que demostraban que la Ordenanza 55 no debía aprobarse:
- Ausencia total de estudios técnicos: No existían estudios ambientales, de movilidad, de infraestructura, de impacto económico ni de uso público.
- Falta de propuesta formal: La empresa admitió no tener diseño, planos, estudios ni documentación sometida al Municipio.
- Opacidad del proceso: El proyecto se impulsó sin participación ciudadana, sin divulgación de documentos y sin transparencia administrativa.
- Riesgo para el patrimonio público: La ordenanza comprometía un terreno público sin garantías, sin análisis de riesgos y sin información sobre costos o beneficios.
- Impacto negativo en el acceso ciudadano: La privatización del estacionamiento afectaría a miles de residentes y usuarios del Parque del Tercer Milenio.
- Informe positivo sin fundamento: La mayoría aprobó un informe sin evidencia, sin rigor y sin atender las recomendaciones de expertos y de la comunidad.
- Rechazo amplio de la ciudadanía: Organizaciones ambientales, comunitarias y recreativas exigieron públicamente el retiro del proyecto.
El debate culminó con la votación en la que la mayoría del PNP aprobó la ordenanza, ignorando las advertencias técnicas, la oposición ciudadana y la fiscalización de la minoría. Sin embargo, el proceso dejó claro que la defensa del patrimonio público y la transparencia administrativa no son negociables. La minoría legislativa cumplió con su deber: fiscalizó, documentó, denunció y acompañó a la comunidad sanjuanera en la defensa de sus espacios públicos.
La historia de la Ordenanza 55 es, en última instancia, un recordatorio de que la democracia municipal exige vigilancia constante y que la ciudadanía organizada, junto con una minoría legislativa comprometida, puede confrontar y evidenciar los intentos de gobernar sin transparencia ni responsabilidad.