El Proyecto de Ordenanza 43 es una medida que quita poder a la Legislatura Municipal de San Juan y se lo entrega casi por completo al Alcalde. Aunque se presenta como una reforma para “modernizar la economía”, en realidad desmantela los controles democráticos que evitan abusos y decisiones unilaterales sobre el dinero público.

El proyecto elimina el sistema tradicional de incentivos y lo sustituye por un “Plan de Transformación Económica” que deja al Ejecutivo con la capacidad de decidir, sin supervisión, quién recibe exenciones contributivas y bajo qué condiciones. La Legislatura, que históricamente ha tenido la responsabilidad de diseñar y controlar la política fiscal del municipio, pierde ese rol por completo.

Uno de los cambios más graves es que el Alcalde podría declarar cualquier área de San Juan como “Zona de Desarrollo Económico Estratégico” mediante una simple Orden Ejecutiva. Antes, esto requería vistas públicas, análisis y aprobación legislativa. Ahora, el Alcalde podría eximir de contribuciones a sectores enteros sin consultar a nadie, afectando directamente los ingresos del municipio y dejando a las comunidades sin voz en decisiones que impactan su entorno.

El proyecto también permite que el Ejecutivo establezca todos los criterios, límites y montos de los incentivos mediante “Guías Administrativas” que no pasan por la Legislatura. Esto viola principios básicos de control fiscal: las reglas pueden cambiar sin transparencia, sin vistas públicas y sin que la Comisión de Hacienda pueda proyectar el impacto económico real. Además, el Ejecutivo podría negociar acuerdos privados y recibir donativos para el Fondo de Desarrollo Económico sin supervisión, creando un ambiente propenso a favoritismos y decisiones discrecionales.

Las consecuencias serán directas para la ciudadanía. Si el Alcalde puede congelar patentes, eliminar arbitrios y eximir propiedades sin límites, el Municipio perderá ingresos esenciales para servicios como seguridad, recogido de basura y mantenimiento. La Legislatura seguirá teniendo que aprobar el presupuesto y explicar la falta de fondos, pero no podrá fiscalizar las exenciones que causan ese déficit.

En resumen, el Proyecto 43 rompe el balance de poderes, reduce la Legislatura a un rol simbólico y deja el futuro fiscal de San Juan en manos de decisiones unilaterales del Ejecutivo. Es una medida que debilita la democracia municipal, limita la participación ciudadana y pone en riesgo los servicios esenciales que dependen de un manejo responsable del erario.