Delegación legislativa MVC advierte San Juan camina directo a un riesgo fiscal programado
La delegación de mayoría en la Legislatura Municipal de San Juan aprobó —a ciegas y sin la más mínima prudencia fiscal— un proyecto de refinanciamiento que compromete el futuro de la capital y vulnera el derecho de la ciudadanía a un gobierno responsable.
Con sus votos, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), se impuso una medida que no atiende la deuda municipal, sino que la empuja hacia un precipicio programado. Lo hicieron ignorando advertencias claras, documentadas y reiteradas de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que desde el primer día señaló que esta estructura no resolvía nada: solo trasladaba el riesgo a un punto de colapso. La decisión se tomó sin contestar preguntas esenciales sobre capacidad de pago, impacto fiscal, autonomía municipal o consecuencias para los residentes. Lo que se aprobó no es política pública: es una apuesta temeraria que compromete la estabilidad de San Juan y atropella el proceso democrático. Hoy, el país tiene derecho a saber que esta deuda se aprobó sin transparencia, sin análisis y sin responsabilidad.
LAS PREGUNTAS QUE HICIMOS Y LAS RESPUESTAS QUE DIO EL EJECUTIVO SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 127
La discusión pública sobre el Proyecto de Resolución 127 estuvo marcada por dos narrativas: la de la administración municipal, que presenta el refinanciamiento como una medida responsable y beneficiosa, y la de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, que advirtió desde el inicio que la estructura aprobada desplaza el riesgo fiscal hacia el futuro y compromete la autonomía municipal. Al analizar en detalle las respuestas oficiales ofrecidas por la administración y compararlas con las preocupaciones planteadas por la delegación, queda claro que las advertencias no solo eran válidas, sino que están confirmadas por los propios documentos y explicaciones del Ejecutivo.
La administración reconoció expresamente que los cinco pagarés aprobados concentran $140.4 millones en vencimientos el 1 de julio de 2033, una cifra que corresponde únicamente al principal. También admitió que la estructura de pagos es deliberada: montos pequeños entre 2026 y 2032 seguidos por un pago final desproporcionado. En el caso del pagaré de Obligación General, ese pago final es dieciséis veces mayor que los anteriores y representa el 71% del total del principal. Aunque la administración intenta presentar esta estructura como una herramienta para “generar ahorros en los primeros años”, nunca explica cómo el Municipio podría absorber un vencimiento de esa magnitud. Por el contrario, afirma que en 2033 “se evaluará el mercado” y que el refinanciamiento será “necesario” y “usual”. Esto confirma exactamente lo que la delegación del MVC denunció: el diseño obliga a refinanciar nuevamente dentro de siete años, no porque sea una práctica rutinaria, sino porque el Municipio no tiene capacidad presupuestaria para pagar $140 millones en un solo día.
Tampoco existe evidencia de que el Fondo de Redención —la cuenta especial donde se depositan automáticamente los ingresos destinados al pago de la deuda— pueda cubrir un vencimiento de esa magnitud. Las respuestas oficiales se limitan a señalar que la Contribución Adicional Especial (CAE) cubre entre 2.5 y 3 veces el servicio anual de deuda, pero ese cálculo no aplica a un pago global. La administración nunca presentó un análisis que demuestre que el Municipio podría enfrentar ese vencimiento sin refinanciar. En otras palabras, la estructura aprobada no resuelve la deuda: la desplaza.
La delegación del MVC también advirtió sobre las cláusulas de incumplimiento incluidas en los pagarés, que permiten declarar default por razones que no dependen del Municipio: cambios en leyes estatales o federales, decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, reglamentos nuevos, errores administrativos o sentencias judiciales adversas. Ante cualquiera de estos escenarios, el acreedor (Banco Popular) puede acelerar la deuda completa sin acudir a un tribunal, sin vista y sin derecho a defensa. En ciertos casos, la aceleración es automática. Las respuestas oficiales no niegan la existencia de estas cláusulas ni ofrecen salvaguardas. Simplemente no las discuten. El silencio confirma nuestra preocupación: el Municipio queda expuesto a un nivel de vulnerabilidad extraordinario.
Otro punto crítico es la autonomía fiscal. La resolución obliga a garantizar el pago de los pagarés utilizando la CAE como fuente exclusiva y, si fuera necesario, aumentando contribuciones. La administración no niega esto. De hecho, confirma que la CAE ya está comprometida y que la estructura requiere priorizar el servicio de la deuda por encima de cualquier otro gasto. Esto reduce la flexibilidad fiscal del Municipio, limita su capacidad de responder a emergencias y coloca a residentes y comercios como garantes directos del contrato. La delegación del MVC advirtió que esta estructura afectaría la capacidad del Municipio para atender necesidades básicas, y nada en las respuestas oficiales contradice esa afirmación.
La falta de transparencia también queda confirmada. La administración reconoce que la venta de los pagarés es privada, sin proceso competitivo, y que el Alcalde tiene autoridad absoluta para negociar y aprobar el contrato final. Aunque afirman que el documento será público una vez firmado, eso no cambia el hecho de que la Legislatura aprobó la transacción sin ver el contrato final y sin supervisión efectiva. Además, la resolución sólo puede impugnarse durante los primeros diez días; después de ese periodo, queda blindada legalmente. La administración no niega este diseño ni explica por qué se limita la fiscalización ciudadana y legislativa.
Finalmente, la administración insiste en que la transacción genera ahorros y que es fiscalmente responsable. Sin embargo, esos ahorros se producen únicamente porque la estructura desplaza la carga hacia 2033. No existe un plan para enfrentar ese vencimiento, no existe capacidad presupuestaria para absorberlo y no existe garantía de que el mercado ofrecerá condiciones favorables dentro de siete años. Lo que se presenta como una solución es, en realidad, un aplazamiento.
El análisis cruzado demuestra que las preocupaciones planteadas por la delegación del MVC no solo son legítimas, sino que están respaldadas por los propios documentos y respuestas oficiales. La administración reconoce el pago global, admite que será necesario refinanciar, confirma la existencia de cláusulas de incumplimiento amplias, valida la pérdida de autonomía fiscal y no presenta evidencia de que el Municipio pueda enfrentar el vencimiento de 2033 sin recurrir nuevamente al endeudamiento con la banca. Lo aprobado no resuelve el problema: lo desplaza, lo agrava y condiciona el futuro fiscal de la capital. La ciudadanía merece saberlo.