Compañeras y compañeros legisladores, sanjuaneros

Hoy tengo que decirlo con toda claridad: lo que se aprobó con la Resolución 127 no es un refinanciamiento responsable. Es una decisión que vulnera los derechos de la ciudadanía, debilita el proceso democrático y coloca a San Juan en un riesgo fiscal programado que ninguna administración seria debería aceptar.

La propia administración reconoce que los cinco pagarés concentran $140.4 millones en un solo día, el 1 de julio de 2033. No lo niegan. No lo explican. No presentan un plan. Solo dicen que “en 2033 se evaluará el mercado”. Eso no es planificación fiscal. Eso es apostar con el futuro de la ciudad. Y lo más grave: admiten que el refinanciamiento será “necesario”. Es decir, están aprobando hoy una estructura que saben que San Juan no puede pagar.

Esto no es un error técnico. Es un diseño deliberado para crear la ilusión de alivio inmediato mientras se empuja la carga hacia adelante. Y esa decisión, tomada sin un análisis real de capacidad de pago, viola el derecho de la ciudadanía a un gobierno que administre con prudencia y transparencia.

Pero el problema no termina ahí. Los pagarés incluyen cláusulas de incumplimiento tan amplias que un cambio en ley, un reglamento nuevo, una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal o incluso un error administrativo pueden activar un default. Y ante ese default, el Banco puede acelerar la deuda completa sin vista, sin tribunal y sin derecho a defensa. Eso no es un contrato financiero. Eso es una renuncia anticipada a la autonomía municipal.

Además, esta resolución obliga a priorizar el pago de estos pagarés por encima de cualquier otro servicio. La Contribución Adicional Especial queda secuestrada para esta deuda, y si no es suficiente, el Municipio está obligado a aumentar contribuciones. Esto significa que los residentes y comerciantes de San Juan quedan convertidos en garantes directos de un contrato que no pudieron ver, que no pudieron evaluar y que la Legislatura aprobó sin tener acceso al documento final.

Eso también vulnera derechos. El derecho a la información. El derecho a la fiscalización. El derecho a un proceso democrático donde las decisiones se toman con transparencia y no en la oscuridad de una negociación privada sin competencia.

Y para completar, la resolución solo puede impugnarse durante los primeros diez días. Después de eso, queda blindada legalmente. ¿Qué significa eso? Que la ciudadanía pierde su derecho a cuestionar una medida que compromete su futuro fiscal por más de una década. Eso es antidemocrático.

Compañeras y compañeros: esta estructura no protege a San Juan. La expone. No fortalece la autonomía municipal. La entrega. No resuelve la deuda. La desplaza y la agrava. Y lo más doloroso es que todo esto se aprobó ignorando advertencias claras, documentadas y fundamentadas.

Hoy dejo este mensaje en el récord para que conste que hubo quienes defendimos el derecho de la ciudadanía a un gobierno responsable, transparente y democrático. Y para que conste también que la mayoría decidió caminar en la dirección contraria.