Nuestro deber es con la gente de San Juan
En San Juan, una ciudad que alguna vez respiró a través de sus parques, plazas y veredas, hoy se siente un aire más denso, más estrecho. La falta de espacios públicos en Río Piedras no es un fenómeno aislado: es parte de un patrón más amplio, una política municipal que ha ido cerrando parques en distintos barrios, sellando con candados la posibilidad de recreación, descanso y convivencia para miles de residentes. Bajo la administración del alcalde Miguel Romero Lugo, parques como el Luis Muñoz Marín, el Parque del Indio, el Parque Barbosa, el Parque de la Merced, el Parque de la Covadonga, entre otros, han permanecido cerrados por meses e incluso años, dejando a comunidades enteras sin un lugar donde caminar, ejercitarse, jugar o simplemente encontrarse.
Las verjas cerradas se han convertido en símbolo de un abandono que duele. Familias que antes se reunían en las tardes ahora se ven obligadas a improvisar espacios en aceras rotas o estacionamientos. Personas mayores que caminaban por senderos sombreados han perdido su rutina diaria. Niños y niñas han visto cómo sus canchas y columpios se oxidan detrás de portones encadenados. Y frente a ese cierre sistemático, la ciudadanía no ha guardado silencio: ha protestado, ha exigido reaperturas, ha reclamado su derecho a espacios públicos vivos. Desde manifestaciones frente al Parque Barbosa hasta reclamos constantes en las comunidades de Santurce, Hato Rey y Río Piedras, la gente ha dejado claro que una ciudad sin parques es una ciudad que se deshumaniza.
Es en este contexto —en una capital donde los espacios de convivencia se han ido apagando— que cobra aún más relevancia el proyecto presentado por la Fundación Sila M. Calderón. La Fundación, con su trayectoria de trabajo comunitario, desarrollo económico y revitalización urbana, propone transformar un terreno cedido por el Municipio en Río Piedras en un espacio abierto, accesible y útil tanto para el público como para la entidad. No se trata solo de acondicionar un predio: se trata de devolverle a la ciudad un lugar para respirar.
La Fundación, inspirada en la visión de la ex gobernadora Sila María Calderón —primera mujer gobernadora de Puerto Rico ha dedicado décadas a reconstruir comunidades, apoyar microempresas, fortalecer liderazgos y promover la equidad.
Por eso, cuando la Fundación solicitó la exención de los arbitrios de construcción para este proyecto, la Legislatura Municipal tuvo ante sí una decisión que trascendía lo administrativo. Y aquí, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana —compuesta por Norma Devarie Díaz y Daisy Sánchez Collazo— asumió su responsabilidad con claridad.
Somos minoría, sí. Pero ser minoría no significa oponerse por reflejo ni obstaculizar por estrategia. Ser minoría significa fiscalizar con rigor, denunciar cuando es necesario y apoyar cuando es correcto. Significa leer cada medida con honestidad, preguntarnos a quién sirve, qué transforma, qué aporta. Y cuando un proyecto tiene el potencial de mejorar la vida de los sanjuaneros —especialmente en una ciudad donde los parques se cierran en lugar de abrirse— nuestra obligación es respaldarlo.
Así lo hicimos. Reconocimos el valor de esta ordenanza número 48 y apoyamos la exención de arbitrios solicitada porque entendemos que este proyecto no es un privilegio, sino una inversión en el bienestar colectivo. En un San Juan donde los parques permanecen cerrados y la ciudadanía protesta para recuperar sus espacios, abrir uno nuevo en Río Piedras es un acto de justicia urbana.








La ordenanza establece que la Fundación deberá cumplir con todos los requisitos legales y certificar que no cuenta con fondos para cubrir los arbitrios ni recibe aportaciones federales destinadas a ese fin. La Oficina de Finanzas Municipales verificará cada paso. Pero más allá del trámite, lo que se afirma aquí es un principio: cuando un proyecto aporta al bien común, la política debe abrirle paso.
Como delegación del MVC, hemos demostrado que nuestra función no es bloquear, sino elevar la conversación pública y asegurar que cada medida esté a la altura de lo que la capital merece. Hemos fiscalizado, hemos señalado, hemos denunciado. Pero también hemos apoyado, con la misma firmeza, aquello que beneficia a la gente.
Entendemos que apoyar la creación de un nuevo espacio público es un acto de coherencia, de responsabilidad y de esperanza. Esta ordenanza, que entra en vigor inmediatamente, es un recordatorio a las mayorias de que San Juan puede ser más humano, más justo y más habitable.
