El parque del Escambrón no está a la venta

Resumen de la vista pública del pasado 29 de julio en el salón de sesiones de la asamblea legislativa municipal de San Juan.

La intención detrás de la Ordenanza 55, impulsada por el alcalde Miguel Romero Lugo, nunca fue servir al pueblo de San Juan. Su ruta comenzó de espaldas a los sanjuaneros, con un informe positivo apresurado, emitido pese a las advertencias claras de la minoría legislativa pues lo que se proponía, violentaba la ley, la transparencia y el deber elemental de proteger los intereses públicos. Pretender construir un estacionamiento multipisos en el Parque del Tercer Milenio no era un proyecto, era y es un sinsentido monumental, una decisión divorciada de la planificación responsable y del respeto al litoral. Y aun así, la administración lo llevó a la agenda de la sesión ordinaria, confiada —como tantas veces— en que la mayoría legislativa la aprobaría sin cuestionar, sin exigir evidencia, sin mirar de frente al país.

El proyecto llegó vacío, sin los documentos mínimos que cualquier medida seria debe presentar. No había diseño, no había estudios ambientales, no había estudios de tráfico, no había análisis fiscal, no había justificación del negocio propuesto, no había delimitación precisa del área a impactar. La Ordenanza 55 era, y sigue siendo, una caja vacía, un instrumento que oculta más de lo que revela, que abre la puerta a un acuerdo que desde lejos parece leonino. Un contratista privado obtendría por 90 años un terreno de altísimo valor económico, histórico y social, sin que el municipio explique qué recibe el pueblo a cambio. Un cheque en blanco que permitiría al alcalde Romero Lugo negociar arbitrariamente, sin fiscalización legislativa, sin subasta, sin vistas públicas, en abierta contradicción con la ley.

El proyecto llegó vacío, sin los documentos mínimos que cualquier medida seria debe presentar.

• No había diseño.
• No había estudios ambientales.
• No había estudios de tráfico.
• No había análisis fiscal.
• No había justificación del negocio propuesto.
• No había delimitación precisa del área a impactar.

Pero esta vez, la ciudadanía no se quedó callada.

Los grupos comunitarios —en especial Escambrón Unido, que lleva cinco años defendiendo ese litoral— los cientos de ciudadanos que inundaron los correos electrónicos de los legisladores y la presión pública ejercida a través de los medios rompieron el cerco de silencio. La administración quedó sin argumentos.

El 29 de julio, en pleno receso legislativo y en días feriados, se celebró la vista pública. Aun así, las gradas se llenaron y afuera se levantó una manifestación masiva en defensa del litoral. Los deponentes —ciudadanos de a pie y voces de alto perfil y pericia como Gradissa Fernández, Pedro Saade, Pedro Roig y la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux Villaronga— desmenuzaron la ordenanza línea por línea, exponiendo sus omisiones, contradicciones y riesgos.

La conclusión fue contundente: la Ordenanza 55 no debe ser considerada ni aprobada porque no cumple con la transparencia y responsabilidad que se requiere.

Gradissa Fernández, portavoz de Escambrón Unido, recordó que esta lucha no comenzó ahora. Desde 2022, la comunidad ha enfrentado intentos de privatización del litoral disfrazados de “revitalización”. Señaló que el estacionamiento de 950 vehículos no responde a ninguna necesidad real del parque, sino a las exigencias del proyecto hotelero del Normandie, que requiere estacionamiento masivo para su pabellón de eventos. Su mensaje fue claro: el Escambrón es un ecosistema vivo, no un solar disponible para satisfacer intereses privados.

El análisis jurídico‑ambiental del licenciado Pedro Saade fue uno de los más severos. Saade explicó que el derecho de superficie propuesto equivale a una enajenación encubierta del parque, que la ordenanza viola la Ley de Política Pública Ambiental, que ignora la zona marítimo‑terrestre y que pretende autorizar una estructura permanente en un área designada como zona de desalojo. Señaló que aprobar un proyecto de esta magnitud sin estudio de impacto ambiental, sin estudio de mecánica de suelos, sin análisis de carga vehicular, sin evaluación de riesgos costeros y sin análisis de mitigación es un error jurídico grave que contradice la política pública ambiental y los principios de planificación responsable. Su conclusión fue tajante: aprobar la Ordenanza 55 sería jurídicamente insostenible y ambientalmente irresponsable.

El planificador Pedro Cardona Roig desmontó la narrativa de “progreso” que acompaña la ordenanza. Recordó que ninguna ciudad seria del siglo XXI responde al cambio climático construyendo estacionamientos multipisos en zonas costeras vulnerables. Recalcó que no existe estudio de tránsito, ni análisis de movilidad, ni evaluación de alternativas sostenibles. Señaló que la ordenanza contradice toda planificación responsable y que el municipio no ha demostrado que el estacionamiento sea necesario ni conveniente.

La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux Villaronga, presentó la ponencia institucional más contundente. Denunció que el Municipio no entregó los documentos solicitados para evaluar la medida, lo que evidencia una falta de transparencia incompatible con la función pública. Explicó que el Parque del Tercer Milenio es un bien de dominio público costero protegido por la Constitución, la Ley de Política Pública Ambiental y la Ley de Parques Nacionales. Por tanto, no puede ser privatizado funcionalmente por 90 años. Señaló que la ordenanza prescinde indebidamente de la subasta, tergiversa el concepto de derecho de superficie, delega facultades excesivas al alcalde y carece de evidencia técnica. Su conclusión fue clara: la Ordenanza 55 viola la ley y debe ser rechazada.

Todas las ponencias coincidieron en un punto esencial: no existe un solo estudio técnico que justifique la construcción de un estacionamiento de 950 vehículos en un parque costero vulnerable, designado como zona de desalojo y afectado por erosión, marejadas e inundaciones. La medida contradice la política pública ambiental, sacrifica áreas verdes en tiempos de crisis climática y responde a intereses privados, no al bienestar colectivo. Además, expone innecesariamente al municipio a litigación extensa y costosa.

Por todo lo anterior, las organizaciones, los expertos y la ciudadanía solicitaron que la Legislatura Municipal NO apruebe la Ordenanza 55 y que, si algún día un estudio serio demuestra necesidad de estacionamiento adicional, el proceso sea transparente, participativo y basado en evidencia técnica, siempre protegiendo el patrimonio público costero de San Juan. El Colegio de Abogados y Abogadas reiteró su disposición a colaborar con el Municipio en la evaluación de alternativas que protejan el ambiente, garanticen el acceso público, fomenten la movilidad sostenible y aseguren una administración responsable del patrimonio público.

La conclusión colectiva fue inequívoca: la Ordenanza 55 no nació para servir al pueblo, y el pueblo —esta vez— se levantó para impedir que se consumara una privatización encubierta del litoral. Ante la arrogancia del alcalde Miguel Romero, quien insiste en que su proyecto será aprobado “no importa qué”, la ciudadanía y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura no bajaremos la guardia ni un segundo.

El próximo 17 de agosto inicia la nueva sesión ordinaria. Allí estaremos —alertas, firmes y combativos— para impedir que se imponga un proyecto que pretende entregar el litoral por 90 años sin transparencia, sin estudios y sin respeto por el país.

Porque si la administración insiste en avanzar a espaldas del pueblo, el pueblo responderá de frente. Y esta vez, no habrá silencio que les cubra ni oscuridad que les proteja.s