La Legislatura Municipal de San Juan aprobó en sesión ordinaria el 23 de octubre el Proyecto de Ordenanza Núm. 9, una medida que autoriza una donación municipal de veinte millones de dólares para el programa Invierte en Ti, administrado por Platform for Social Impact, Inc. (PSI). La propuesta coloca bajo el escrutinio público a esta organización sin fines de lucro, que ha ganado protagonismo en la ejecución de iniciativas de desarrollo económico y proyectos de impacto social en Puerto Rico, incluyendo su participación activa en Villa Prades. Ante la magnitud de los recursos comprometidos, la discusión trasciende los méritos del programa y obliga a examinar con rigor la entidad que administrará los fondos, los mecanismos de supervisión propuestos y las garantías de transparencia que deben acompañar toda inversión pública de esta escala.

Las 21 preguntas sometidas por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal fueron utiles porque obligaron a la Administración a contestar asuntos que originalmente no estaban suficientemente claros. Gracias a ese proceso surgieron explicaciones adicionales sobre auditorías, informes periódicos, límites al gasto administrativo, desembolsos escalonados y mecanismos de supervisión. Eso es positivo. La fiscalización siempre es positiva. Pero fiscalizar no significa conformarse con cualquier respuesta.

Veamos en primer lugar la institución que recibirá la donación inicial de $20 millones.

Platform for Social Impact (PSI) ha emergido en pocos años como uno de los principales intermediarios de capital social y fondos públicos en Puerto Rico, consolidando bajo una misma estructura proyectos comunitarios, financiamiento filantrópico, subvenciones federales y alianzas con agencias gubernamentales. La organización es dirigida por Eduardo Carrera tras su salida de Boys & Girls Clubs of Puerto Rico y se ha posicionado como el eje articulador del proyecto Oasis en Villa Prades, una iniciativa que reúne decenas de millones de dólares en fondos federales, financiamiento privado e instrumentos contributivos especiales. Más allá de su misión declarada de combatir la pobreza, PSI opera como una plataforma que concentra decisiones sobre asignación de recursos, gobernanza y ejecución de proyectos de alto impacto en comunidades vulnerables, convirtiéndose en un actor con creciente influencia en la gestión de la política social y el desarrollo económico del país.

La presidencia de su junta recae en Bertil Chappuis, fundador de la organización, ex socio sénior emérito de McKinsey & Company y actual director de Popular, Inc., cuya trayectoria está vinculada a procesos de estrategia corporativa, reestructuración fiscal y transformación institucional de gran escala. Chappuis participó en el trabajo estratégico que apoyó a la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Según su biografía corporativa, dirigió labores de asesoría relacionadas con el programa de reestructuración fiscal utilizado para la renegociación de más de 120 mil millones de dólares en deuda y obligaciones de pensiones del Gobierno de Puerto Rico.

La presencia de Chappuis resulta particularmente significativa porque el proyecto Oasis desarrollado en Villa Prades no responde al modelo tradicional de una organización comunitaria, sino a una compleja arquitectura financiera que combina subvenciones federales, préstamos de instituciones financieras de desarrollo, créditos contributivos federales New Markets Tax Credits y aportaciones públicas canalizadas mediante múltiples entidades participantes. Esa estructura, diseñada para movilizar capital a gran escala, también dificulta seguir la ruta completa de los fondos, identificar a los beneficiarios finales de cada desembolso y determinar el grado de control que mantienen los organismos públicos sobre recursos destinados a proyectos que, aunque persiguen fines sociales, son administrados por una entidad privada sin fines de lucro.

Esa información no formaba parte de la Ordenanza Núm. 9 sometida originalmente por la Administración a la Legislatura Municipal. Los directores de los departamentos de finanzas estuvieron disponibles para comparecer y contestar interrogantes, pero fueron las delegaciones de minoría las que solicitaron información adicional y sometieron recomendaciones para fortalecer la medida.

La discusión nunca fue si ayudar a pequeños comerciantes es una buena idea. Lo es. La discusión nunca fue si San Juan necesita más acceso a crédito para pequeños negocios y organizaciones comunitarias. Lo necesita.

La verdadera pregunta es si la estructura propuesta representa la mejor manera de invertir veinte millones de dólares de fondos públicos. Y esa pregunta sigue sin recibir una contestación convincente.

La Administración sostiene que la aportación municipal servirá como capital ancla para crear un fondo rotativo que eventualmente alcance cuarenta millones de dólares mediante aportaciones adicionales de inversionistas y entidades filantrópicas. También argumenta que el dinero no se pierde porque los préstamos serán repagados y volverán a prestarse continuamente dentro de San Juan.

Suena bien.

El problema es que una buena narrativa no sustituye una buena política pública.

Durante todo el proceso planteamos una preocupación fundamental: ¿por qué una donación pública de veinte millones de dólares no fue sometida a un proceso competitivo?

La respuesta del Municipio fue que la iniciativa fue diseñada por PSI y que no se trata de una compra de servicios sino de una aportación autorizada por el Código Municipal. Pero eso no responde la pregunta de cómo llegaron a PSI ni por qué es la mejor alternativa disponible. Tampoco explica por qué nunca se comparó su propuesta con otras posibles estructuras o administradores.

Cuando el dinero pertenece al pueblo, la transparencia no debe limitarse a informar quién recibirá los fondos. También debe demostrar por qué esa entidad fue seleccionada sobre cualquier otra. Esa demostración nunca ocurrió.

Igualmente preocupante es el modelo de gobernanza aprobado.

Aunque el Municipio dona el capital inicial que hace posible todo el proyecto, no tendrá voto en el Comité de Inversiones encargado de supervisar las políticas del fondo. La Administración justifica esa decisión argumentando que debe evitarse la interferencia política en las decisiones de crédito. Nadie ha propuesto que un legislador apruebe préstamos individuales.

La interrogante es otra.

¿Cómo se justifica que quien aporta veinte millones de dólares carezca de participación decisional en el principal órgano de gobernanza?

La respuesta sigue siendo insuficiente.

También nos preocupa la ausencia de una evaluación económica independiente. Las metas del programa continúan descansando principalmente sobre proyecciones presentadas por la propia entidad beneficiaria. La Administración no presentó un análisis externo de costo-beneficio ni una validación independiente de los resultados proyectados.

No estamos hablando de una aportación de cien mil dólares.

Estamos hablando de veinte millones de dólares en fondos públicos.

Resulta razonable exigir evidencia independiente que permita determinar si la inversión es proporcional a los beneficios esperados. Más aún cuando la propia Administración sostiene que el retorno principal será social y no financiero.

¿Y cómo se medirá ese retorno social?

¿Cuáles son los indicadores que permitirán determinar si la inversión fue exitosa?

¿Cuál es el impacto económico proyectado?

¿Cuántos empleos justificarían una inversión de esta magnitud?

Las respuestas continúan siendo generales. La Administración promete beneficios. Pero no establece parámetros suficientemente claros para medirlos.

Es cierto que las contestaciones incorporan salvaguardas adicionales. También es cierto que incluyen auditorías independientes, informes trimestrales, mecanismos de cumplimiento y restricciones sobre el uso de fondos. Sin embargo, ninguna de esas medidas responde las cuatro preguntas fundamentales que continúan sobre la mesa:

¿Por qué no hubo competencia?

¿Por qué el Municipio no tiene voto?

¿Dónde está la validación económica independiente?

¿Cómo se medirá objetivamente el retorno de una inversión de veinte millones de dólares?

La mayoría legislativa del PNP decidió que esas preguntas no eran suficientes para detener la aprobación de la medida.

Nosotros pensamos distinto.

Porque la función de una legislatura no es simplemente ratificar la voluntad del Ejecutivo. La función de una legislatura es cuestionar, exigir explicaciones y asegurarse de que cada dólar público se utilice de la manera más responsable posible.

Quizás el proyecto tenga éxito. Ojalá así sea.

Todos queremos que los pequeños comerciantes prosperen y que las comunidades de San Juan tengan más oportunidades económicas. Pero una buena intención nunca debe sustituir el análisis riguroso. Y cuando se trata de veinte millones de dólares pertenecientes a la gente de San Juan, hacer preguntas difíciles no es una obstrucción.

Es una obligación.

La verdadera prueba de esta ordenanza no estará en los comunicados de prensa ni en los discursos de celebración. Estará en los resultados.

Y será entonces cuando sabremos si la mayoría legislativa aprobó una visión transformadora para el desarrollo económico de San Juan o si, una vez más, se le pidió a la ciudad que confiara primero y verificara después.