En San Juan, la paciencia vecinal llegó a su límite. Durante una vista pública de cuatro horas en la Legislatura Municipal, residentes de múltiples comunidades de la capital alzaron la voz con un mensaje inequívoco: el municipio debe asumir su responsabilidad y garantizar salud, seguridad, limpieza y un ambiente vivible para todos.

Los reclamos no fueron abstractos. Fueron denuncias concretas, respaldadas por años de frustración acumulada. Los ciudadanos exigieron supervisión real, fiscalización efectiva y el fin de la indiferencia institucional ante el ruido excesivo, el manejo negligente de desperdicios y la proliferación de comercios que operan al margen de la ley.

El detonante de la discusión fue el Proyecto de Ordenanza 35, que busca enmendar el Código de Orden Público para reforzar la prohibición de ruidos innecesarios y revisar las multas por violaciones relacionadas con basura y limpieza. Pero lo que emergió en la vista fue mucho más profundo: un patrón de trato privilegiado a ciertos comercios y una cultura de permisividad que erosiona la calidad de vida de los residentes.

En el Viejo San Juan, los vecinos denunciaron el abuso de negocios que ocupan aceras con bocinas a todo volumen, incluyendo el caso del hotel Alma, que —según se señaló— continúa operando sin los permisos requeridos. La última querella vecinal data del 2004, pero el municipio aún no ha acudido al tribunal para solicitar su cierre. Veintidós años de inacción hablan más fuerte que cualquier bocina.

La situación no es distinta en el sector El Gandúl, Santurce, donde operan entre 46 y 48 barras en apenas nueve calles, incluyendo la conocida calle Cerra. Comerciantes solicitan permisos para “coffee bars”, pero terminan operando como barras sin que la Oficina de Permisos verifique el cumplimiento. Los vecinos lo resumieron con crudeza: “allí, algunos comerciantes tienen un ángel en esa oficina”.

Por su parte, representantes de comerciantes pidieron mayor comunicación con los residentes, rechazaron el aumento de multas y propusieron un recogido de basura continuo que permita eliminar los contenedores que saturan las aceras. También recomendaron que los negocios que generan más desperdicios paguen más impuestos municipales.

El contraste entre ambos sectores —vecinos que exigen orden y salud pública, comerciantes que piden reglas claras y trato equitativo— revela un problema mayor: la ausencia de un municipio que arbitre con justicia, fiscalice con rigor y proteja el bienestar colectivo por encima de intereses particulares.

La vista pública, transmitida por la página de Facebook del municipio, dejó al descubierto una verdad incómoda: San Juan no sufre por falta de leyes, sino por falta de voluntad para hacerlas cumplir. Y los residentes, cansados de excusas, están reclamando lo que les corresponde: un municipio que gobierne para todos, no para unos pocos.

La Vista Pública fue transmitida por la página de Facebook del municipio, presione para acceder a la misma.