Daisy Sánchez Collazo
¿Desde cuándo defender la vida se volvió una falta? Lo que enfrentó mi compañera de delegación en la legislatura municipal de San Juan, la Dra. Norma Devarie, no es una falta ética, es un intento claro de castigar la libre expresión. Dos legisladores de mayoría (PNP) le han acusado por usar, durante una sesión virtual, una imagen que forma parte de una campaña educativa que lleva como lema “Cada ciclista que ves en la calle es una vida”. Un mensaje que, lejos de provocar, busca proteger. Sin embargo, fue interpretado —sin base ni norma que lo respalde— como una "amenaza al orden institucional".
La imagen utilizada por nuestra portavoz quizás no estaba completa, pero era evidente que no se trataba de un puño cerrado. Aun así, bastó para despertar los prejuicios de ciertos legisladores, que reaccionaron más por simbolismo que por contenido. Pero incluso si hubiese sido un puño cerrado, Devarie Díaz tenía todo el derecho de emplearlo.
El puño alzado es un gesto cargado de historia: ha sido símbolo de resistencia, unidad y lucha por la justicia en movimientos sociales y políticos alrededor del mundo. Desde los trabajadores organizados en el siglo XIX, pasando por los movimientos antifascistas, hasta los Panteras Negras en Estados Unidos y las protestas contra el apartheid en Sudáfrica, el puño cerrado ha representado la voz de los que no se rinden. Es una expresión legítima, poderosa y profundamente humana. Censurarla no solo sería un atropello a la libertad de expresión, sino también una negación de la memoria colectiva de quienes han luchado por un mundo más justo. Aún así no se trató de un puño cerrado.
La querella no cumple con los requisitos mínimos, pero sí cumple con algo más preocupante: intenta imponer silencio, controlar símbolos y censurar lo incómodo. Se está usando el reglamento no para proteger el orden, sino para reprimir una voz que defiende causas humanas. Eso no es ética, es intimidación.
Una Legislatura que teme a los mensajes que salvan vidas está fallando su rol democrático. Aunque la querella fue desestimada la intención persiste. Y con ella, la idea de que expresarse con conciencia es un acto punible.