Cuando el poder se reparte entre amigos
Daisy Sánchez Collazo
La Federación de Alcaldes ha iniciado la remodelación de su sede en San Juan y, para ello, solicitó una exención del arbitrio de construcción. Esta solicitud fue aprobada por la mayoría del PNP en la legislatura municipal, a pesar de que el monto exento —que puede oscilar entre el 1% y el 3% del costo total— permanece desconocido. ¿Cinco mil dólares? ¿Un millón? Nadie lo sabe. Los documentos entregados a las y los legisladores municipales no incluyen esa cifra, lo que significa que quienes votaron a favor ni quienes votamos en contra pudimos evaluar el impacto económico con claridad.
Pero el verdadero problema no es la cantidad. Es el precedente. ¿Estamos usando los mecanismos fiscales del municipio para favorecer estructuras partidistas? ¿Se está normalizando el uso de fondos públicos para beneficiar intereses políticos bajo el disfraz de desarrollo institucional? Esta exención plantea una pregunta urgente sobre la transparencia, la equidad y el uso ético de los recursos municipales.
La base legal para aprobar la exención de arbitrios a la Federación de Alcaldes que se presenta en el Proyecto de Ordenanza Número 2, está contenido en el Artículo 2.110 del Código Municipal de Puerto Rico y el Artículo 2.109(c), que facultan al municipio a imponer arbitrios y a ofrecer incentivos o alivios cuando sean convenientes para el desarrollo económico o social.
Aunque reconocemos que las exenciones pueden ser herramientas poderosas para el desarrollo económico y social, su impacto depende de la transparencia en el proceso de concesión, equidad entre entidades beneficiadas y la evaluación del beneficio público real.
La Federación no es una entidad neutral. Su membresía está compuesta exclusivamente por alcaldes del PNP, incluyendo al propio alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo. Además, la mayoría legislativa municipal también responde a ese partido. En este contexto, la exención no solo parece un alivio fiscal, sino un gesto de respaldo institucional a una organización político-partidista, disfrazado de incentivo público.
Hasta el momento, no hay evidencia pública de que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico —que agrupa a alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD)— haya recibido una exención similar por parte del Municipio de San Juan, si eso hubiera ocurrido también es cuestionable. Esta disparidad refuerza la percepción de trato preferencial y erosiona la credibilidad de la Legislatura Municipal.
Si el interés público es el criterio rector, ¿se aplican las mismas condiciones a todas las entidades sin fines de lucro que ofrecen asesoría y apoyo técnico a los municipios?
Cada dólar que se deja de recaudar en arbitrios es un dólar menos para servicios esenciales: mantenimiento de calles, programas sociales, seguridad pública, y atención a comunidades vulnerables. En tiempos de austeridad y reclamos ciudadanos por mayor transparencia, este tipo de decisiones transmite el mensaje de que los intereses partidistas pueden estar por encima del bienestar colectivo.
Además, la falta de criterios públicos y uniformes para otorgar exenciones genera incertidumbre entre otras organizaciones sin fines de lucro que sí cumplen funciones comunitarias directas y que no reciben alivios fiscales similares.
La Legislatura Municipal de San Juan tiene la responsabilidad de actuar como garante del interés público. Al aprobar esta exención sin una consulta ciudadana, sin criterios comparables, y en beneficio de una entidad alineada políticamente con sus miembros, compromete su legitimidad institucional. La confianza ciudadana no se gana con legalismos, sino con decisiones éticas, equitativas y transparentes.
La exención otorgada a la Federación de Alcaldes podría ser legal, pero no moralmente justa. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones crece, este tipo de acciones alimenta el cinismo y la percepción de que el poder se administra para los aliados, no para el pueblo. Es hora de que la Legislatura Municipal de San Juan revise sus procesos, establezca criterios claros y garantice que cada exención fiscal responda verdaderamente al bien común —no a los intereses del partido al que representan. La ciudadanía merece una respuesta.