Daisy Sánchez Collazo

La delegación del MVC en la legislatura de San Juan radicó un proyecto de ordenanza por petición para declarar el municipio autónomo de San Juan como ciudad santuario para personas trans y no binarias. Reafirmando asi su compromiso con la equidad, la inclusión y la protección de los derechos humanos.

En un mundo aún marcado por la desigualdad y la discriminación, hay lugares que se alzan como faros de esperanza para la comunidad transgénero: ciudades que no solo acogen, sino que protegen, reconocen y celebran la diversidad de identidades. Estas urbes, repartidas en distintos continentes, han convertido la inclusión en política, la empatía en infraestructura y la lucha trans en derecho garantizado.

Desde el emblemático Castro District en San Francisco hasta la Zona Rosa de la Ciudad de México, distintas ciudades han tejido redes de apoyo institucional y comunitario. En Berlín, por ejemplo, la efervescencia queer se traduce en festivales como el Transgenial CSD y en políticas de salud accesibles para personas trans. Buenos Aires destaca por su legislación pionera de identidad de género que permite cambios registrales sin requisitos médicos, mientras que Bangkok, pese a no reconocer oficialmente el género autopercibido, ofrece reconocimiento cultural y cirugías de afirmación de género de alto nivel.

En Montevideo, Uruguay, el enfoque afirmativo es integral: la Ley Trans del 2018 garantiza acceso a salud, educación y empleo, además de reconocer las injusticias históricas sufridas por esta comunidad. Toronto y Ámsterdam brillan por su cobertura médica y educación inclusiva, respectivamente. Y en São Paulo, a pesar de los riesgos generalizados en Brasil, la comunidad trans ha encontrado espacios de resistencia como Casa y la imponente marcha del Orgullo.

Estados Unidos presenta un mosaico complejo. Ciudades como Nueva York, Minneapolis o Portland han legislado a favor de los derechos trans desde hace décadas, convirtiéndose en pioneras. Minneapolis, de hecho, fue la primera en prohibir la discriminación por identidad de género en 1975. Otras, como Austin o Denver, han desarrollado ordenanzas locales que desafían climas políticos estatales más conservadores.

El acceso a hormonoterapia, cirugías y servicios de salud trans-afirmativos varía, pero estados como California, Nueva York y Colorado han implementado programas públicos a través de sus sistemas de Medicaid. En contraste, algunas ciudades en estados hostiles enfrentan riesgos legales al tratar de proteger a sus habitantes trans frente a legislaciones estatales restrictivas.

San Juan, como capital de Puerto Rico, tiene el potencial de replicar y adaptar esta iniciativa para convertirse en una ciudad santuario que defienda los derechos humanos de las personas trans y no binarias. Tomando como referencia el ejemplo de otras ciudades, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura de San Juan presentó una resolución para declarar a la capital como Ciudad Santuario para Personas Trans y No Binarias, reafirmando así su compromiso con la equidad, la inclusión y la protección de los derechos humanos.

Según el Centro Mujer y Salud, en Puerto Rico hay al menos 2,061 mujeres trans, lo que representa aproximadamente el 3 % de la población LGBTTQ+. Desde 2018, 427 personas han solicitado cambiar el marcador de género en su certificado de nacimiento, incluyendo 24 menores entre los 13 y 21 años. Aunque no existen estadísticas oficiales específicas para San Juan, se reconoce como el centro urbano con mayor concentración de servicios, activismo y organizaciones trans.

La falta de datos oficiales invisibiliza a esta población y dificulta el diseño de políticas públicas efectivas. Como señaló el activista Justin Jesús Santiago: “Lo que no se cuenta, no existe, y por eso no nos quieren contar”.

Puerto Rico ha sido testigo de propuestas legislativas que buscan restringir los derechos de las personas trans. La Ley 63-2025 (PS 350), aprobada por la gobernadora Jenniffer González Colón, prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género para menores de 21 años, penalizando con hasta 15 años de cárcel a los profesionales de salud que los practiquen. La Ley 14-2025, conocida como Ley de Libertad Religiosa, impulsada por el senador Thomas Rivera Schatz, deja sin protección médica a esta población, entre otras implicaciones. Otros intentos fallidos han sido la prohibición de baños inclusivos, restricciones a la participación de personas trans en deportes, criminalización del transformismo en espacios públicos y la eliminación del currículo con perspectiva de género en las escuelas.

Estas medidas no solo limitan el acceso a servicios esenciales, sino que también refuerzan el estigma y la exclusión. Estudios como el Proyecto TRANSforma revelan que el 81 % de las mujeres trans recurren al trabajo sexual como única fuente de ingresos, debido a la discriminación laboral. Además, el 74 % gana menos de $1,000 mensuales y más de la mitad está desempleada.

San Juan puede adaptarse como ciudad santuario, dado que posee autonomía municipal que puede utilizarse para:

  • Establecer protocolos de no colaboración con leyes estatales que criminalicen la atención médica trans.
  • Crear una resolución municipal que declare a San Juan como ciudad santuario.
  • Fortalecer los servicios municipales, como clínicas inclusivas, programas de salud mental afirmativa y protección de datos médicos.
  • Crear una mesa de trabajo municipal con organizaciones trans para desarrollar políticas públicas afirmativas.

Estas acciones no solo protegen a la población trans, sino que también posicionan a San Juan como una ciudad innovadora, inclusiva y comprometida con los derechos humanos.

Las organizaciones que representan a la población trans en San Juan han sido muy vocales en la exigencia de sus derechos. Algunas de estas son: True Self Foundation, La Sombrilla Cuir, Arianna's Center, Espicy Nipples, LaBoriVogue y Anmistía Internacional PR.

Estas organizaciones son pilares fundamentales en la lucha por la equidad y el bienestar de la comunidad trans en Puerto Rico.

En 2021, el alcalde Miguel Romero Lugo declaró un estado de emergencia por violencia de género en San Juan, reconociendo que “la violencia de género no discrimina; el maltrato físico, emocional, psicológico y sexual se presenta tanto en mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTT+”. Esta afirmación puede servir como base para extender el compromiso municipal hacia la protección de las personas trans frente a legislaciones discriminatorias.

La medida presentada por la Dra. Norma Devarie Díaz (portavoz) y Daisy Sánchez Collazo (portavoz alterna) busca proteger a las comunidades vulnerables cuando el Estado falla. Envía un mensaje político claro de inclusión y resistencia, y establece precedentes que pueden influir en otras jurisdicciones.

Convertir a San Juan en ciudad santuario no es solo un acto político: es una declaración de humanidad. Es reconocer que cada persona merece vivir con dignidad, sin miedo y con acceso pleno a sus derechos.