Suheily Serrano Marrero
Legisladora MVC en Vega Baja
Por más de una década, el balneario de Puerto Nuevo en Vega Baja ha cargado con una herida abierta: La Casona. Esta estructura, levantada en el 2011 en terrenos públicos, se convirtió en símbolo de opacidad, manejo deficiente y desconfianza ciudadana.
Desde su origen, el proyecto estuvo marcado por denuncias de corrupción bajo la administración del entonces alcalde Edgar Santana. La falta de transparencia en su desarrollo, la ausencia de título de propiedad y los daños ambientales señalados por la comunidad alimentaron el desencanto. Con los años, la ciudadanía fue testigo de cómo esta construcción permanecía intacta, ocupando un espacio privilegiado frente al mar y sin un futuro claro.
En 2023, la controversia tomó un nuevo giro. El actual alcalde, Marcos Cruz Molina, presentó una resolución para privatizar el espacio mediante subastas y contratos con opción a compra. La creación exprés de la empresa Melao Holdings LLC y la rapidez con la que se le adjudicó el proyecto levantaron serias dudas en la comunidad. ¿Era correcto entregar un bien de dominio público de esa manera? ¿Dónde quedaba la voz de los ciudadanos y la protección ambiental?
La indignación creció porque, además de no convocar procesos participativos, el municipio se negaba a divulgar el deslinde, el procedimiento que delimita los terrenos públicos en la zona marítimo-terrestre. Sin este estudio, cualquier decisión sobre La Casona carecía de fundamento y violaba principios básicos de la Ley de Transparencia en Puerto Rico.
Como legisladora municipal del Movimiento Victoria Ciudadana, decidí llevar el caso al tribunal junto a la Lcda. Mariana Nogales Molinelli, amparándome en la Ley 141 de 2019, que garantiza el acceso a la información pública. La meta era sencilla y justa: que el municipio entregara y publicara el estudio de deslinde realizado con fondos públicos.
El Tribunal de Bayamón nos dio la razón. En cumplimiento, el Municipio de Vega Baja se vio obligado a presentar el Memorial Explicativo de la Solicitud de Certificación de Deslinde de la Zona Marítimo Terrestre y los planos preparados por el agrimensor Carlos Vega. Documentos que confirman lo que la comunidad denunciaba desde hace años: La Casona está construida en zona marítimo-terrestre, dentro de una reserva natural y en una playa reconocida como bandera azul.
Este desenlace no es solo un logro legal, es un triunfo de la ciudadanía. Significa que la información ya no estará escondida y que tenemos las herramientas para exigir lo que la comunidad ha reclamado con fuerza: la demolición de La Casona en defensa del bien común.
Hoy, más que nunca, La Casona representa la lucha del pueblo por acceso libre, justicia ambiental y rendición de cuentas. Como legisladora, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando junto a los residentes, ambientalistas y organizaciones comunitarias para que Playa Puerto Nuevo permanezca abierta, protegida y en manos del pueblo.
Porque la playa es de todos. Y ningún metro de nuestra costa debe ser entregado a intereses políticos o económicos que atenten contra el derecho colectivo a disfrutarla y protegerla.