Daisy Sánchez Collazo
Una aprobación rodeada de sombras
La sesión extraordinaria de la Legislatura Municipal de San Juan concluyó envuelta en controversia, luego de que la mayoría del Partido Nuevo Progresista aprobara el Proyecto número 3 para la canalización del Río Piedras sin divulgar la información esencial que las delegaciones minoritarias exigían para emitir un voto informado.
La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) denunció en sesión ordinaria que el proyecto ya contaba con un informe positivo, a pesar de que sus detalles no habían sido compartidos. La documentación fue entregada varios días después de la aprobación, lo que dejó en evidencia una preocupante falta de transparencia. En otras palabras, se pusieron los bueyes antes de la carreta.
Este proyecto forma parte de una serie de convenios entre el Municipio de San Juan y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), todos relacionados con la canalización del Río Piedras. Pero la manera en que se manejó su aprobación ha encendido alarmas sobre el respeto al proceso legislativo y el derecho de las minorías a participar plenamente en decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
El plan de canalización impulsado por el (USACE), identificado como Main Channel – Contract 3, contempla una inversión multimillonaria que podría alcanzar los 500 millones de dólares y extenderse por seis años. Su propósito declarado es reducir el riesgo de inundaciones mediante la modificación del cauce del río. Las obras incluyen la instalación de pilotes perforados a lo largo de dos millas, revestimiento del lecho con piedra y concreto articulado, reubicación de líneas eléctricas y la demolición de al menos dieciocho viviendas. También se propone un parque lineal que conecte vecindarios colindantes con el Parque Luis Muñoz Marín, incorporando senderos, ciclovías y vegetación nativa.
Luego de hacer una lectura cuidadosa del contrato nos surgen más preguntas que respuestas: Aunque las autoridades insisten en los beneficios de la obra, el proyecto ha despertado inquietudes técnicas, sociales y éticas.
¿Por qué se modificó el diseño original de 1993?
¿Se realizaron estudios ambientales y geotécnicos actualizados?
¿Qué criterios se usaron para justificar la demolición de viviendas en sectores con valor histórico?
¿Se consideraron opciones menos invasivas?
¿Qué especies o hábitats se verán afectados y cómo se compensará su pérdida?
¿Se integrarán soluciones basadas en la naturaleza (como restauración de humedales)?
¿Qué criterios se usarán para priorizar las áreas de intervención?
¿Se han realizado estudios de impacto ambiental actualizados?
¿Qué criterios se están utilizando para avanzar de una fase de diseño a la siguiente?
¿Cómo afectarán las obras a la movilidad y accesibilidad en zonas como Las Américas HWY y Puente Roosevelt?
¿Se han considerado medidas para minimizar interrupciones en áreas residenciales durante la construcción?
¿Qué medidas se están tomando para proteger el entorno natural durante las obras?
¿Se han identificado riesgos ambientales en zonas como Josefina/Doña Ana o Buena Vista?
¿Qué criterios técnicos se usaron para elegir los materiales del fondo del canal (natural, rip-rap, bloques articulados)?
¿Se ha considerado el impacto de estos materiales en la fauna acuática y la calidad del agua?
¿El diseño incluye medidas para evitar erosión o sedimentación excesiva?
Es esta misma falta de respuestas concretas lo que ha generado desconfianza entre residentes de comunidades como Puerto Nuevo, Villa Nevárez, Jardines Metropolitanos y Reparto Metropolitano. Para muchos, el río no es solo un cuerpo de agua: es un espacio de arraigo, biodiversidad y memoria colectiva. La ausencia de procesos participativos genuinos ha sido uno de los principales reclamos. Aunque se han realizado pruebas ambientales previas a las demoliciones, persiste la preocupación por los efectos en la salud, el desplazamiento involuntario y la pérdida de patrimonio.
Además, expertos y líderes comunitarios han señalado que el enfoque de canalización propuesto responde a paradigmas superados. Ciudades como Seúl, Los Ángeles, Múnich, Ginebra y Singapur han revertido intervenciones similares, optando por restauraciones ecológicas que fortalecen la resiliencia ante el cambio climático, mejoran la calidad de vida y recuperan ecosistemas urbanos.
Entre los beneficios potenciales para el municipio de San Juan se mencionan acceso a fondos federales, creación de espacios públicos, reforestación y mejoras paisajísticas. Sin embargo, estos beneficios deben ponderarse frente al costo humano y ecológico. ¿Puede considerarse progreso si se sacrifican hogares, vínculos comunitarios y el carácter natural del río?
Ante este panorama, la Alianza de Científicos y Académicos por el Río Piedras ha presentado propuestas sustentables basadas en soluciones ecológicas. Entre ellas destacan la restauración de humedales, reforestación con especies autóctonas para estabilizar el cauce, implementación de sistemas de drenaje urbano sostenible y conservación de tramos naturales del río para proteger hábitats. Estas alternativas no solo ofrecen protección ante inundaciones, sino que también promueven salud pública, justicia ambiental y resiliencia climática.
La canalización del Río Piedras no es simplemente una obra hidráulica: es una decisión que impacta la historia, la ecología y la vida cotidiana de miles de personas. La verdadera pregunta no es cómo modificar el cauce, sino cómo integrar las voces de quienes lo habitan. ¿Es posible construir seguridad sin borrar el pasado?
En su voto explicativo en contra del Proyecto número 3 la delegación del MVC insistió en que se debe reconocer la importancia de unir saberes científicos, experiencias comunitarias y respeto por el entorno natural en cada decisión. El Río Piedras no es solo agua que fluye: es un símbolo de resistencia, de vida y de futuro possible.
