Daisy Sánchez Collazo
Este reportaje surge del foro-taller “Cobertura informada y ética en casos contra inmigrantes”, celebrado el pasado 29 de julio bajo el auspicio de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y organizado por la American Civil Liberties Union (ACLU). El evento reunió voces clave en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa: Annette Martínez Arabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico; el periodista Benjamín Torres Gotay; y la abogada experta en procesos de remoción, Yanima González Crespo.
Entre las figuras destacadas en la lucha por la justicia migratoria se encuentra González Crespo, abogada pro bono especializada en representar a personas detenidas en procesos de deportación. Como supervisora de la unidad de Removal Defense del Centro de Recursos de Inmigración en Pensilvania, su labor se enfoca en brindar defensa legal a individuos retenidos en el Moshanon Valley Processing Center, incluyendo personas con discapacidades cognitivas. Su compromiso trasciende fronteras estatales, abogando por quienes enfrentan el sistema migratorio en condiciones de vulnerabilidad extrema.
El sistema migratorio de Estados Unidos, lejos de ser un mecanismo justo y transparente, se ha convertido en una estructura que perpetúa la vulnerabilidad de miles de personas. Herramientas como el formulario I-213, utilizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), son prueba de ello. Este documento, que no requiere validación judicial, puede incluir información desestimada o irrelevante, como antecedentes penales anulados o incidentes triviales —por ejemplo, tirar un chicle al suelo— que terminan siendo utilizados en contra del individuo. Esta práctica no solo es injusta, sino que representa una violación directa al debido proceso.
En los procedimientos migratorios, las reglas de evidencia federal no aplican. Esto permite que cualquier tipo de información, sin importar su veracidad o relevancia, sea utilizada para justificar la deportación. “He vivido momentos en los que, al presentar ante un juez que un caso fue desestimado, la respuesta fue: ‘algo ocurrió’. Esta actitud refleja la desesperanza que enfrentamos como defensores legales y la falta de garantías para nuestros clientes”, explicó en su exposición la abogada.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en sus secciones 212 y 240, establece los fundamentos para la inadmisibilidad y deportabilidad. Sin embargo, según indica González Crespo, su aplicación ha sido desproporcionada. Personas que han vivido en EEUU por décadas, sin haber ajustado su estatus, son tratadas como recién llegadas, ignorando su arraigo y contribución al país.
Puerto Rico ha sido escenario de operativos migratorios cada vez más agresivos. En lo que va del año, ICE ha arrestado al menos a 364 personas en la Isla. Estos operativos incluyen redadas en zonas residenciales y lugares de trabajo, como el Hotel La Concha, donde se detuvieron 53 personas, la mayoría sin documentos. En Barrio Obrero, otro operativo resultó en la detención de 47 personas, provenientes de países como Guatemala, Ecuador, Haití, México y Brasil. Muchos son deportados a sus países de origen sin haber tenido una audiencia justa, y en algunos casos, se les ofrece la “opción” de regresar voluntariamente, lo que en realidad es una deportación acelerada.
Los detenidos son trasladados a centros de detención fuera de la Isla, principalmente al Centro Krome en Miami, donde enfrentan condiciones alarmantes. Este centro, ubicado en los límites de los Everglades, en el condado Miami-Dade, es el centro de detención de inmigrantes más antiguo de Estados Unidos. Aunque fue diseñado para albergar a unas 600 personas, actualmente retiene hasta 1,700 detenidos, lo que ha generado un hacinamiento extremo.
Las condiciones en los centros de detención son deplorables. Se reporta hacinamiento, hambre, días sin acceso a duchas y comida en mal estado. En abril de 2025, 57 detenidos en el Centro Krome fueron intoxicados por una bacteria en la comida. Estas prácticas no solo violan derechos humanos básicos, sino que constituyen una forma de tortura institucionalizada.
Particularmente preocupante es el trato a los niños detenidos, quienes han sufrido negligencia médica, malnutrición y deterioro psicológico. A pesar de acuerdos judiciales como el caso Flores, que establece estándares mínimos para el cuidado de menores, la administración actual ha intentado desmantelar estas protecciones.
El Acuerdo Flores, firmado en 1997, surgió de una demanda colectiva iniciada en 1985 por Jenny Lisette Flores, una menor salvadoreña de 15 años que fue detenida en condiciones precarias junto a adultos. En agosto de 2025, la jueza federal Dolly Gee reafirmó el Acuerdo Flores, rechazando los intentos de la administración Trump de eliminarlo. El fallo ordenó que los niños sean procesados y liberados rápidamente, y que las instalaciones de la CBP no sean utilizadas para detenciones prolongadas.
“Como abogada defensora, mi misión es empoderar a mis clientes para que sean dueños de sus casos, incluso en los entornos más hostiles. Los clientes que se encuentran en detención pueden enfrentar decisiones difíciles en entornos complicados, y mi rol es guiarlos a través de esas opciones de la mejor manera posible”.
Pero el sistema está diseñado para quebrar voluntades. Las condiciones de detención son deplorables. “Recientemente, atendí un caso de una mujer de 64 años que había estado detenida por más de un año, trabajando en condiciones inhumanas y recibiendo una compensación insignificante. He sido testigo de la brutalidad y la falta de humanidad en los centros de detención”.
“Las condiciones son críticas, y he visto casos de abusos que son difíciles de describir. El sistema a menudo prioriza la eficiencia y la rapidez en la ejecución de protocolos, descuidando la dignidad y los derechos de los detenidos. Esto es especialmente preocupante, dado que muchos de los detenidos son latinos, y el trato que reciben puede considerarse una forma de tortura básica”.
“La comunidad ha comenzado a resistir: desde cadenas humanas para impedir arrestos hasta campañas legislativas para proteger espacios sensibles. Pero se necesita más. Se necesitan reformas profundas que reconozcan la humanidad de cada individuo, independientemente de su estatus migratorio”, concluyó Yanima González Crespo.