Una acción legislativa desde Trujillo Alto

Carmen Nelly Díaz Adorno

Legisladora municipal del MVC en Trujillo Alto

En Trujillo Alto, como en todo Puerto Rico, el respeto por la ley, el orden público y el medioambiente no puede ser negociable. Como legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana, me he comprometido con la defensa del bien común, la transparencia gubernamental y la protección de nuestros recursos naturales. Hoy, quiero compartir con ustedes una acción legislativa que responde directamente a esas prioridades.

Durante meses, residentes y transentes han observado la operación informal de un taller de mecánica de automóviles en la Carretera Estatal PR-181, también conocida como el Expreso Rivera Morales, justo a metros de la intersección con la Carr. 846. Lo que comenzó como una intervención improvisada en el terreno ha evolucionado en una instalación que levanta serias preocupaciones legales, ambientales y de seguridad pública.

La estructura, compuesta por carpas de lona sobre cemento vertido sin aparente autorización, ha implicado la tala de árboles y la apertura de un hueco en la valla metálica del expreso para facilitar el acceso vehicular. Además, se han acumulado escombros, basura y un zafacón metálico que parece estar en uso para disposición informal de desperdicios. Todo esto ocurre en terrenos que, aunque colindan con una vía estatal, están bajo la jurisdicción administrativa del Municipio de Trujillo Alto.

En respuesta, presenté una resolución ante la Legislatura Municipal solicitando una investigación formal por parte de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial, el Departamento de Obras Públicas y el Cuerpo de la Policía Municipal. Esta investigación debe esclarecer:

  • Si el taller cumple con el Código de Orden Público del Municipio.
  • Si posee las licencias y permisos requeridos.
  • Si paga las patentes municipales e impuestos correspondientes.
  • Si obtuvo autorización para modificar la valla del expreso.
  • Si recibió permiso del Departamento de Recursos Naturales para la tala de árboles.
  • Si el uso del terreno está debidamente autorizado.

Esta acción se fundamenta en el Código Municipal de Puerto Rico (Ley Núm. 107-2020) y el Código de Orden Público de Trujillo Alto, que facultan al municipio a intervenir en negocios que operan sin cumplir con la ley, y a proteger la salud, seguridad y bienestar de nuestra comunidad.

 Como legisladora, no puedo permitir que se normalice la operación de negocios ilegales que afectan nuestro entorno, violan reglamentos y ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades. Esta resolución busca garantizar que se cumpla con el debido proceso, pero también que se actúe con firmeza si se confirma que el taller opera fuera de la legalidad.

Desde el Movimiento Victoria Ciudadana, seguiremos vigilantes y activos en la defensa de un Trujillo Alto justo, ordenado y sostenible. Esta es una lucha por el respeto a nuestras leyes, por la equidad en el desarrollo económico y por la protección de nuestros espacios comunes.

Seguimos adelante. Con transparencia. Con justicia. Con dignidad.