Daisy Sánchez Collazo
En tiempos donde la migración se convierte en tema central de debate político y social, muchos municipios han decidido posicionarse como defensores de los derechos humanos, adoptando el modelo de ciudades santuario. Esta decisión, aunque valiente, ha despertado temores sobre posibles represalias económicas. Sin embargo, la experiencia de múltiples ciudades en Estados Unidos demuestra que los municipios pueden proteger a sus comunidades sin poner en riesgo sus fondos federales.
Ciudades como Chicago, San Francisco y Nueva York han liderado el camino en la implementación de políticas santuario. Estas urbes fueron demandadas por negarse a colaborar con autoridades migratorias federales, especialmente durante el mandato de Donald Trump. No obstante, los fallos judiciales respaldaron la autonomía de estos gobiernos locales, señalando que el gobierno federal no puede condicionar la entrega de fondos a la colaboración migratoria sin la aprobación del Congreso. Esta jurisprudencia establece un precedente legal sólido y relevante para cualquier municipio que desee adoptar medidas similares.
Puerto Rico, aunque es un territorio no incorporado, se encuentra bajo la jurisdicción constitucional de Estados Unidos. Por ello, las protecciones legales que amparan a ciudades como San Francisco también pueden ser utilizadas por los municipios puertorriqueños como escudo ante posibles recortes de fondos. De hecho, los fondos federales se otorgan conforme a criterios administrativos, financieros y éticos, pero no exigen alineamiento con políticas migratorias federales.
Además, el compromiso con los derechos humanos puede fortalecer la reputación de los municipios, convirtiéndolos en espacios de esperanza y refugio, capaces de atraer apoyo de organizaciones internacionales y sin fines de lucro. Ser un santuario no significa únicamente proteger migrantes, sino afirmar una identidad municipal basada en la compasión, la dignidad y la defensa de los valores universales.
Declararse ciudad santuario no es un acto de rebeldía, sino una decisión fundamentada en principios constitucionales, precedentes judiciales y la ética pública. Los municipios en Puerto Rico no deben temer perder fondos federales, porque la ley está de su lado y la causa es justa.