En Puerto Rico, las subastas públicas no son un mero trámite administrativo: son el dique que contiene la discreción excesiva, el favoritismo político y la tentación de convertir los fondos públicos en botín partidista.

La Ley de Compras del Gobierno de Puerto Rico, en su Artículo 24, obliga a que toda adquisición que exceda los $100,000 se adjudique mediante subasta pública, y el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas (Reglamento 9230) detalla los procedimientos que garantizan competencia, transparencia y fiscalización. Estas normas existen porque la historia ha demostrado, una y otra vez, lo que generalmente ocurre cuando se decide ignorarlas: ¡corrupción!

Con ese trasfondo, lo ocurrido en la sesión ordinaria del pasado 20 de marzo en la Legislatura Municipal de San Juan adquiere un matiz preocupante. La mayoría del PNP aprobó el Proyecto de Resolución 39, que autoriza al rector del Colegio Universitario del Municipio a contratar directamente a la empresa que administrará la cafetería. No es un contrato millonario, pero sí un precedente peligroso: la resolución no especifica el monto del contrato, la duración, ni si regresará a la Legislatura para una evaluación final.

La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana votó en contra de esta medida, no por capricho, sino porque la experiencia del país demuestra que cuando se abre una rendija a la discreción, pronto se convierte en portón. Recomendamos que el contrato fuera evaluado por la Legislatura y que se estableciera un término mínimo de seis meses para que el arrendador de la cafetería  notificara si continuaría ofreciendo el servicio, evitando interrupciones. La mayoría respondió delegando la evaluación en la Junta de Directores del Colegio, una movida que, lejos de fortalecer la transparencia, equivale a poner al cabro a velar las lechugas.

La importancia de insistir en procesos competitivos no es teórica. La Oficina del Contralor ha documentado cómo la ausencia de subastas ha desembocado en irregularidades graves. En Maricao, una auditoría reciente reveló pagos duplicados, contratos sin formalizar y servicios contratados sin cumplir con los requisitos legales, incluyendo la omisión de subastas en alquiler de equipo pesado. El informe concluyó con una opinión adversa sobre sus operaciones fiscales. En Las Piedras, el informe OC‑24‑61 identificó contrataciones vinculadas a familiares de funcionarios sin notificación a Ética Gubernamental, deficiencias en servicios esenciales y posibles violaciones al Código Penal. Y en los tribunales, casos como Municipio de Aguada v. W Construction han expuesto cómo adjudicaciones irregulares terminan en litigios costosos que pagan los contribuyentes.

La consecuencia acumulada de estas prácticas no es menor: según la Oficina del Contralor, el gobierno ha dejado de recuperar más de $42 millones relacionados con irregularidades en contrataciones, muchas de ellas vinculadas a procesos sin subasta. Cada dólar perdido es un dólar que no llega a las comunidades.

En esa misma sesión, la mayoría novoprogresista aprobó el Proyecto de Resolución 103, que reconoce la labor de los funcionarios municipales en la organización de las Fiestas de la Calle San Sebastián y el premio otorgado por el diario norteamericano USA Today, que las seleccionó como el Best Cultural Festival 2026. Nuestra delegación felicitó reiteradamente a los funcionarios municipales por su excelente trabajo. Sin embargo, votamos en contra porque la resolución incluye una oración que exalta el “liderazgo, compromiso y ejecutoria” del alcalde Romero, una expresión de tono político-partidista que no podíamos respaldar.

La presidenta de la Legislatura, Gloria Escudero Morales, nos acusó de asumir una postura "política" y demagógicamente alegó que nos negamos a reconocer la labor de los empleados municipales. Ante esas expresiones, les remitimos al récord de la sesión, disponible en la transmisión por Zoom publicada en Facebook, donde consta nuestra felicitación a las y los trabajadores y funcionarios de nuestra cuidad capital.