Daisy Sánchez Collazo

La Junta Fiscal, los Bonistas y el Futuro Energético

La Coordinadora General del Movimiento Victoria Ciudadana, la lic. Eva Prados, planteo que la reciente decisión del presidente Donald Trump de destituir a cinco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha encendido alarmas en Puerto Rico.  En su mensaje a la ciudadanía  Prados añadió que aunque la Casa Blanca justifica la medida alegando “ineficiencia” y “gastos excesivos” en consultorías, la realidad es mucho más compleja y preocupante. Esta acción, según dijo, no responde a una súbita preocupación por la transparencia fiscal, sino a una estrategia política que favorece a los acreedores más agresivos en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La Junta fue creada en 2016 bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act), firmada por el presidente Barack Obama. Su objetivo era reestructurar una deuda pública que superaba los $70 mil millones, en lo que se convirtió en la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos. Desde entonces, la JSF ha tenido el poder de aprobar presupuestos, planes fiscales y negociar con acreedores, por encima del gobierno electo de Puerto Rico.

La AEE enfrenta una deuda de más de $9 mil millones, la última gran deuda pública pendiente de reestructuración en la isla. Fondos de inversión como GoldenTree Asset Management, conocidos como “fondos buitres”, han comprado bonos a precios de liquidación tras la quiebra, y ahora exigen el pago total. Estos grupos no invirtieron en el desarrollo energético de Puerto Rico; su estrategia es litigar para maximizar ganancias, sin importar el impacto social.

La JSF propuso pagar solo $2,600 millones, reconociendo que el sistema eléctrico no puede sostener aumentos tarifarios masivos.En su mensaje Prados añadió que  aceptar las demandas de los bonistas implicaría aumentos de hasta un 30% en la factura eléctrica durante las próximas décadas. La Junta, por primera vez, ha dicho “no” a los acreedores, reconociendo que ya no hay más espacio para recortes ni sacrificios.

Los cinco miembros destituidos fueron nombrados bajo la administración de Joe Biden y no tienen una trayectoria prolongada en la Junta. Tres de ellos fueron designados en 2024, lo que hace insostenible la narrativa de “mal manejo prolongado”. Prados afirmó que esta purga parece diseñada para reemplazar a los actuales miembros con figuras más afines a los intereses de los bonistas, lo que podría facilitar un acuerdo perjudicial para el pueblo puertorriqueño.

La destitución masiva sin causa justificada podría desencadenar una nueva crisis fiscal. Expertos legales han advertido que esta acción podría violar las disposiciones de PROMESA, que requieren “justa causa” para remover miembros de la Junta. Además, si los nuevos nombramientos favorecen a los acreedores, se corre el riesgo de aprobar un plan de ajuste que imponga aumentos tarifarios insostenibles y perpetúe la precariedad energética.

Prados concluyó afirmando que no hay nada que celebrar. Esta no es la salida de la Junta, sino su transformación en un instrumento de presión para beneficiar a los bonistas. Es fundamental que el pueblo de Puerto Rico, sus líderes locales y sus aliados en el Congreso exijan transparencia, equidad y justicia fiscal. La reestructuración de la deuda debe priorizar el bienestar de los ciudadanos, no los intereses de fondos especulativos.