Un espejo incómodo para la política municipal
El Proyecto de Resolución Núm. 19, presentado por la delegación municipal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para declarar a San Juan como Ciudad Santuario para Personas Trans y No Binarias, ha revelado una tensión profunda entre el discurso institucional del gobierno municipial y la realidad vivida por las comunidades trans en Puerto Rico.
La determinación del Municipio de rechazar la medida —comunicada mediante un memorial explicativo de la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres— expone aún más esa brecha entre lo que se afirma y lo que realmente ocurre. Mientras el Municipio insiste en que la resolución es innecesaria porque “ya se hace suficiente”, los datos, las experiencias y el contexto político actual cuentan una historia muy distinta, marcada por violencia estructural, exclusión y vulnerabilidad extrema que no desaparecen por decreto ni por declaraciones de buena voluntad.
Los transfeminicidios registrados desde 2019 —al menos nueve, con un aumento devastador en 2020 cuando seis mujeres trans fueron asesinadas en un solo año— muestran que la violencia no es un fenómeno aislado, sino un patrón sostenido. El caso de Alexa Negrón Luciano, aún sin justicia cinco años después, se ha convertido en un símbolo doloroso de negligencia institucional. Organizaciones como la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico insisten en que “aún no se le hace justicia a Alexa y aún no se le hace justicia a la comunidad trans en Puerto Rico”. A esto se suman los hallazgos del Proyecto TRANSforma, que revelan que el 81% de las mujeres trans recurren al trabajo sexual como principal fuente de ingreso, el 74% gana menos de $1,000 mensuales y más de la mitad está desempleada. La violencia no es solo física: se manifiesta en la discriminación estructural que afecta el acceso a salud, vivienda, empleo y justicia.
Este rechazo municipal ocurre además en un momento político especialmente hostil. La aprobación de leyes como la Ley 63-2025, que penaliza con cárcel a profesionales de la salud que brinden tratamientos de afirmación de género a jóvenes, y la Ley 14-2025, que limita el acceso de la comunidad LGBTQ+ a servicios médicos bajo el pretexto de la libertad religiosa, ha generado alarma entre expertos y organizaciones. En un escenario donde el Estado restringe derechos, los municipios no pueden limitarse a decir que “ya hacen lo suficiente”; la protección de derechos humanos requiere acciones explícitas, visibles y verificables.
Es precisamente ahí donde el Proyecto 19 adquiere relevancia. Lejos de ser un gesto simbólico, proponía acciones concretas: declarar a San Juan como Ciudad Santuario para Personas Trans y No Binarias, reconociendo su derecho pleno a la existencia, identidad y desarrollo integral; instruir al personal municipal a no colaborar con leyes estatales que criminalicen la atención médica de afirmación de género, incluyendo la Ley 63-2025; fortalecer los servicios municipales —salud, educación, empleo, vivienda y justicia— para que sean transincluyentes y culturalmente competentes; crear una Mesa de Trabajo Municipal Trans con organizaciones comunitarias, expertos y funcionarios para diseñar políticas afirmativas y evaluar su impacto; desarrollar campañas de educación pública sobre identidades de género, derechos humanos y salud trans; proteger los datos personales y médicos de la población trans para evitar su uso con fines discriminatorios; y brindar apoyo institucional a organizaciones trans mediante subvenciones, convenios y acceso a espacios seguros. En otras palabras, el Proyecto 19 no solo nombraba una realidad: proponía mecanismos para transformarla.
El rechazo del Municipio, entonces, no puede entenderse como un simple desacuerdo administrativo. Es un posicionamiento político que puede interpretarse como una defensa del statu quo institucional, una resistencia a adoptar un lenguaje transformador como el de Ciudad Santuario —que implica compromiso, visibilidad y responsabilidad pública—, una estrategia para evitar confrontaciones con sectores conservadores en un clima político polarizado, y también como parte de la dinámica partidista que busca minimizar la capacidad del MVC de incidir en la política municipal.
San Juan se describe a sí misma como una ciudad inclusiva, un espacio donde la diversidad es respetada y donde las personas trans y no binarias reciben servicios dignos. Pero más allá de los informes oficiales, la vida cotidiana de muchas personas trans cuenta otra historia: miradas que juzgan, voces que hieren, decisiones que excluyen. Persisten también los silencios institucionales ante crímenes atroces que aún esperan justicia plena. Decir que una resolución es “innecesaria” porque “ya se hace lo suficiente” es desconocer que la violencia no se combate solo con protocolos, sino con voluntad política explícita. Es ignorar que, mientras el Estado limita derechos, los municipios deben convertirse en refugios reales y simbólicos.
Una Ciudad Santuario no es un título vacío: es un compromiso público, verificable y exigible. Es una declaración que reconoce que la inclusión no es un estado alcanzado, sino una tarea en curso. Es un mensaje claro para quienes han sido históricamente marginados: !aquí tu vida importa!
Por eso, el rechazo al Proyecto 19 no es una simple decisión administrativa. Es una oportunidad perdida para afirmar, con claridad y valentía, que San Juan está del lado de quienes más lo necesitan. La violencia sigue, la discriminación persiste y las políticas públicas no siempre se traducen en prácticas reales. Las personas trans y no binarias merecen algo más que buenas intenciones: merecen garantías explícitas. San Juan puede ser un referente, pero para serlo debe atreverse a nombrar lo que aún falta y comprometerse públicamente con quienes más lo necesitan.