Presentado por las señoras Norma Devarie Díaz
y Daisy Sánchez Collazo
Fecha de presentación 1 de mayo de 2025
MOCIÓN
PARA QUE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN Y SU ALCALDE HON. MIGUEL ROMERO LUGO SE EXPRESEN EN CONTRA DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA POR SER UNA QUE DISCRIMINA A LAS MINORIAS Y QUE BUSCA RESOLVER UN PROBLEMA NO EXISTENTE.
POR CUANTO: La llamada “Ley de Libertad Religiosa”, que irónicamente firmó la Gobernadora un Domingo de Ramos, fue objeto de un intenso debate, especialmente en lo que respecta a su impacto en la comunidad LGBTQ+. Aunque se presenta como un esfuerzo por proteger el derecho de las personas a actuar según sus creencias religiosas, en la práctica, abrió la puerta al discrimen legalizado contra personas de esta comunidad por parte de empleados públicos y privados.
POR CUANTO: El PS 1 pretende garantizar la libertad religiosa aun cuando cuenta con protección de la Constitución, legislación y jurisprudencia de Puerto Rico y Estados Unidos.
El mayor problema radica en que esta ley permite a individuos y negocios negar servicios, empleo e incluso atención médica con base en creencias personales. Para la comunidad LGBTQ+, esto significa que pueden ser rechazados en espacios públicos, excluidos de oportunidades laborales o privados de servicios esenciales sin consecuencias legales para quienes los discriminan. Esta situación no solo refuerza la marginación, sino que también crea un ambiente donde la discriminación se normaliza bajo el pretexto de la religión.
POR CUANTO: El proyecto del Senado número 1 del 2025 es una legislación innecesaria que fomenta la discriminación contra minorías y otros grupos sociales. (Lcda. Esther Vicente Opinión El Nuevo Día jueves 10 de abril 2025).
POR CUANTO: El Proyecto del Senado 1 sobre “libertad religiosa” en Puerto Rico ha generado un intenso debate, especialmente por su impacto en la comunidad LGBTQ+. La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha advertido que la medida podría permitir que individuos y entidades rechacen brindar servicios a personas LGBTQ+ bajo el pretexto de su “libertad religiosa”.
POR CUANTO: Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha señalado que el proyecto amenaza con restringir derechos fundamentales de la comunidad LGBTQ+, lo que podría generar exclusión en áreas como el empleo, la educación y el acceso a servicios públicos.
POR CUANTO: Lo cierto es que esta ley nunca debió firmarse. Al otorgar cobertura legal a la discriminación, erosiona los avances logrados en materia de derechos civiles y contradice los principios de igualdad que deben regir cualquier sociedad democrática. En lugar de promover la convivencia y el respeto, legitima la exclusión de una comunidad que ya ha luchado históricamente por el reconocimiento de sus derechos
POR CUANTO: La legislación podría contravenir decisiones judiciales clave, como el fallo de Obergefell v. Hodges, que garantiza el matrimonio igualitario en EE.UU. Esto podría exponer a empleados públicos a demandas legales si se niegan a cumplir con derechos ya establecidos.
POR CUANTO: Organizaciones LGBTQ+ también denunciaron que se les negó la oportunidad de participar en vistas públicas sobre el proyecto, lo que limitó la representación de voces críticas en el proceso legislativo.
POR CUANTO: Entendemos que el impacto de este tipo de legislación no es solo legal, sino también social. Se ha documentado que medidas similares en otros lugares han incrementado los crímenes de odio y la marginación de personas LGBTQ+, creando un ambiente de mayor vulnerabilidad y exclusión y refuerzan estigmas que ponen en riesgo su seguridad y bienestar.
POR CUANTO: La medida atenta contra los derechos adquiridos por la comunidad LGBTQ. Es deber de las autoridades municipales y del gobierno proteger los derechos civiles y la dignidad de todas las personas residentes en el municipio de San Juan.
La Ley permite que cualquier empleado público que sostenga una creencia religiosa sincera puede reclamar que sus perspectivas religiosas están por encima de los derechos, la salud, la protección ante la violencia y los abusos, la educación, la libertad religiosa de otr personas, la vida y muchos otros derechos fundamentales que apreciamos. (Lcda. Esther Vicente Opinión El Nuevo Día. Jueves 10 de abril 2025).
POR CUANTO: El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha señalado que el proyecto amenaza
con restringir derechos fundamentales de la comunidad LGBTQ+, lo que podría generar
exclusión en áreas como el empleo, la educación y el acceso a servicios públicos.
POR CUANTO: La libertad religiosa es un derecho fundamental, pero no debe ser utilizada como una herramienta para justificar el prejuicio y la discriminación. Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de las creencias personales y el respeto por los derechos humanos de todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. El P.S. 1 resulta redundante e innecesario, además de otorgar un privilegio a la creencia religiosa sobre otras identidades igualmente protegidas por ley (Federación LGBTQ+ de Puerto Rico)
POR CUANTO: La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico enfatizó que “En el caso de Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó los límites de la libertad religiosa cuando esta entra en conflicto con el bienestar de menores. El Tribunal Supremo determinó que el deber del Estado de proteger la vida de los menores prevalece sobre las objeciones religiosas de los padres, destacando que los derechos constitucionales no son absolutos”.
POR TANTO: ORDÉNESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO.
Sección 1era: Es deber de las autoridades municipales y del gobierno proteger los derechos civiles y la dignidad de todas las personas residentes en el Municipio de San Juan. Se resuelve que la Legislatura Municipal de San Juan y su alcalde Hon. Miguel Romero Lugo, se unan para expresarse en contra de la Ley de Libertad Religiosa que es discriminatoria e injusta con un sector de nuestra población.
Presentada en San Juan, Puerto Rico hoy 1 de mayo de de 2025.