Daisy Sánchez Collazo
Dime lo que haces y no lo que dices. Asi reza el refranero popular para describir como la conducta de una persona puede alejarlo o acercarlo de aquello que predica a los cuatro vientos. En el caso del alcalde Miguel Romero Lugo se puede afirmar que sus palabras y sus acciones van por caminos separados. Por un lado declara que en San Juan la “inclusión es política pública y los derechos civiles no se negocian”, y por el otro no toma acciones conduntes para proteger esos derechos ante las políticas migratorias y discriminatorias del presidente Donald Trump.
Estas políticas migratorias han tenido un impacto profundo en las comunidades inmigrantes, incluyendo aquellas en Puerto Rico. Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Trump ha intensificado las medidas de control migratorio, aumentando las redadas y endureciendo las condiciones de detención para los inmigrantes sin estatus legal.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado un clima de miedo y ansiedad entre los inmigrantes en Puerto Rico. La comunidad dominicana, que representa la mayoría de los inmigrantes en la isla, ha sido particularmente afectada. Las redadas han provocado una disminución en la actividad comercial en barrios como Barrio Obrero, donde los inmigrantes evitan salir de sus hogares por temor a ser detenido.
En este momento la legislatura municipal de la capital dominada por una mayoría del Partido Nuevo Progresista tiene ante sí tres proyectos de ley dirigidos a proteger a los inmigrantes en San Juan de las acciones abusivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde el 27 de enero la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó un Proyecto de ordenanza para establecer la política pública del municipio como una ciudad Santuario para las personas migrantes para delimitar la cooperación de las autoridades municipales con cualquier entidad, estatal o federal, que trate de deportar a personas con estatus migratorios no normalizados.
El proyecto de ordenanza número 25 dispone que ningún empleado o agente del gobierno municipal indagará sobre el estatus migratorio de cualquier persona que solicite servicios o participe en interacciones con agencias municipales, salvo cuando sea estrictamente requerido por ley federal.
También requiere que las fuerzas de seguridad municipales no colaborarán con las autoridades federales en operativos de control migratorio como lo viene haciendo hasta ahora. Además el proyecto de ordenanza plantea que toda información sobre el estatus migratorio obtenida accidentalmente por agentes municipales será tratada como confidencial y no podrá ser divulgada sin autorización legal explícita.
Cónsono con esta posición las portavoces de la delegación, Dra. Norma Devarie Díaz y Daisy Sánchez Collazo se unieron como coautoras del proyecto de ordenanza número 46 presentado por la licenciada Ingrid C. Colberg Rodríguez, delegada del Partido Popular Democrático en la legislatura de San Juan. El P. de O. 46 insta al municipio a “evaluar y fortalecer su rol en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes residentes en nuestra ciudad capital; denunciar y actuar ante los riesgos actuales que enfrenta la comunidad migrante en Puerto Rico, particularmente la comunidad dominicana en San Juan.”
Además se unió a todas las delegaciones legislativas del Movimiento Victoria Ciudadana impulsar un proyecto de ordenanza que en esencia, busca fortalecer la seguridad, confianza y equidad para todos los residentes de San Juan, sin importar su origen o estatus migratorio. El mismo establece límites claros a la colaboración municipal en la aplicación de leyes de inmigración, protegiendo los derechos fundamentales y la privacidad de las personas.
Esta ordenanza, presentada por la conferencia legislativa del MVC en todas las legislaturas donde tiene representación, establece principios fundamentales para garantizar la seguridad y equidad en el acceso a servicios esenciales en el Municipio de San Juan, sin discriminación por estatus migratorio. Las delegaciones legislativas municipales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también presentaron esta medida.
El documento reafirma la importancia de la confianza pública en las instituciones de orden público. La cooperación ciudadana en investigaciones criminales es vital, y por ello, se garantiza que toda actuación policial será justa y conforme al debido proceso de ley. Se prohíbe explícitamente el arresto, detención o interrogación de una persona con el único fin de determinar su estatus migratorio.
Además se establecen límites a la aplicación de leyes de inmigración. De manera que la responsabilidad de aplicarlas recae exclusivamente en las autoridades federales. El Municipio solo asistirá en la medida permitida por ley y conforme al estado de derecho estatal y federal y se protege el acceso a servicios esenciales de manera equitativa, independientemente del estatus migratorio.
Contrario a la posición asumida hasta ahora por el gobierno de Jenniffer Gonzalez Colón de entregar la información personal de los inmigrantes obtenida bajo la Ley 97 la ordenanza busca a nivel municipal la protección de la información personal. Las entidades municipales, escuelas y centros de salud no recopilarán información sobre el estatus migratorio, ciudadanía, lugar de nacimiento, ni datos sensibles, salvo que sea estrictamente requerido por ley. La información recolectada no podrá ser revelada, excepto si es estrictamente necesario para la administración de servicios o bajo una orden judicial válida.
Hasta ahora la policía municipal da apoyo en las redadas contra los inmigrantes promovidas por ICE. La ordenanza dispone de un plan de respuesta ante redadas y operativos. El Alcalde podrá establecer acuerdos comunitarios para desarrollar protocolos de respuesta a redadas de inmigración. Esto incluiye; capacitación de agencias locales, comunicación con residentes afectados, incluyendo el posible establecimiento de una línea directa de ayuda, seguridad de la información y apoyo a las familias afectadas tras las detenciones.
Trump ha implementado una serie de órdenes ejecutivas que refuerzan la persecución de inmigrantes indocumentados. Estas incluyen la autorización de redadas en lugares sensibles como iglesias y escuelas, así como la exigencia de cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración. Además, la Ley Laken Riley, aprobada en 2025, amplió los criterios de detención, lo que ha llevado a un aumento significativo en el número de personas arrestadas.
La nueva política de ICE trás aumentarse las cuotas de detenciones por estado incluye entrar sin orden judicial a lugares como parques, escuelas, fiestas privadas, graduaciones, funerales y otros lugares sensibles. La ordenanza radicada establece que ninguna persona podrá ser arrestada en lugares sensibles sin una orden judicial o motivos fundados. Nadie que esté asistiendo a un procedimiento judicial podrá ser arrestado mientras se dirige, participa o regresa del proceso. Las entidades municipales no podrán celebrar acuerdos que les otorguen poderes de ejecución de leyes de inmigración federales.
Dada la reciente experiencia al darse a conocer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó la información personal de seis mil conductors con estatus no definido el proyecto de ordenanza busca resguardar información personal de los inmigrantes de manera que las entidades municipales no podrán proporcionar información personal más allá del estatus migratorio de una persona y proveer información en violación a leyes de privacidad será considerado una infracción.
Las políticas migratorias de Trump han convertido a Puerto Rico en un escenario de persecución para los inmigrantes, afectando su calidad de vida y su seguridad. La respuesta de la comunidad ha sido la organización de redes de apoyo y resistencia, pero la incertidumbre sigue siendo una constante en su día a día.
Existen medidas para proteger a los inmigrantes que están siendo detenidos aún cuando tengan toda su documentación al día. Lo importante es tener la voluntad para aprobar los proyectos engavetados. El alcalde tiene que poner la acción donde pone su palabra.