La Conferencia Legislativa Municipal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), integrada por las legisladoras y legisladores municipales del partido en los distintos municipios donde ostentan representación, anunció la presentación coordinada de una resolución para expresar su firme oposición al aumento en la tarifa de energía eléctrica propuesto por LUMA Energy. La medida, inicialmente trabajada por la legisladora municipal de Trujillo Alto, Nelly Díaz Adorno, fue adoptada como un esfuerzo conjunto del MVC ante la gravedad del impacto que tendría el alza tarifaria en las comunidades más vulnerables del país.

Según explicó la Conferencia Legislativa, LUMA Energy presentó ante el Negociado de Energía de Puerto Rico una solicitud de revisión tarifaria que implicaría un aumento sustancial en la tarifa base del servicio eléctrico. Las legisladoras del MVC destacaron que la energía eléctrica es un servicio esencial para la salud, la seguridad y el bienestar económico de la ciudadanía, por lo que cualquier incremento en su costo afecta directamente la calidad de vida de las familias y coloca en riesgo la estabilidad de pequeños y medianos comerciantes en todos los municipios.

La Conferencia subrayó que, conforme a datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, un hogar que destina más del seis por ciento de su ingreso bruto al pago de electricidad se considera un hogar con “alta carga energética”. En Puerto Rico, estudios recientes demuestran que esta carga puede alcanzar hasta un treinta y tres por ciento del ingreso familiar en los sectores más empobrecidos, una situación que calificaron como insostenible y moralmente inaceptable.

Las once legisladoras municipales del MVC recordaron que, al aprobarse la Ley 180‑2018 para transformar el sistema eléctrico, ya se reconocía que los altos costos y la deficiencia del servicio habían reducido la competitividad económica del país. Sin embargo, desde entonces el costo de la electricidad ha seguido aumentando mientras el servicio continúa siendo frágil y vulnerable a interrupciones, como evidenció la reciente avería en la represa Carraízo que dejó sin agua potable a decenas de miles de abonados debido a fluctuaciones de voltaje.

La Conferencia Legislativa Municipal del MVC también señaló que la Ley 57‑2014 obliga al Negociado de Energía a garantizar tarifas justas y razonables, y que la Ley 17‑2019 establece como meta aspiracional que el costo por kilovatio hora se mantenga por debajo de 20 centavos, cifra que actualmente se supera ampliamente. De aprobarse el aumento propuesto, un hogar con consumo promedio de 400 kWh mensuales podría enfrentar un alza cercana a 39 dólares, lo que representa más de un 40 % de incremento en la tarifa base.

Ante este panorama, las legisladoras municipales del MVC coincidieron en que el aumento tarifario sería devastador para los sectores más empobrecidos y profundizaría la ya extrema carga energética que enfrentan miles de familias.

Por ello, la Conferencia Legislativa del MVC presentó una resolución exhortando al Negociado de Energía de Puerto Rico a rechazar el aumento propuesto, y para exigir que, antes de considerar cualquier alza futura, se realice una auditoría independiente e integral de LUMA Energy y de las entidades relacionadas con la generación eléctrica. La medida también reclama que se prioricen inversiones en energía renovable —particularmente en sistemas solares en techos con almacenamiento— y que se garantice el uso eficiente y transparente de los fondos públicos y federales destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico.

La Conferencia concluyó que su deber como representantes municipales es defender el bienestar económico y social de sus comunidades, y que permitir un aumento tarifario de esta magnitud sería incompatible con una vida digna para miles de familias puertorriqueñas. Por ello, reafirmaron su compromiso de impulsar medidas que reduzcan la carga energética y promuevan un sistema eléctrico resiliente, asequible y verdaderamente orientado al interés público.