Saber es un derecho

Daisy Sánchez Collazo

En el marco del desarrollo urbano y ambiental del Municipio de San Juan, el Proyecto de Canalización del Río Piedras —también conocido como Río Puerto Nuevo— ha generado inquietudes legítimas entre diversos sectores comunitarios. Este proyecto, liderado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), implica una serie de procesos técnicos, administrativos y legales que deben ser evaluados con transparencia y rigor.

Ante esta realidad, las legisladoras municipales Ingrid C. Colberg Rodríguez, Norma Devarie Díaz y Daisy Sánchez Collazo, en representación de las minorías legislativas y por petición de la Coalición Comunitaria de la Cuenca del Río Piedras, presentaron una resolución que busca garantizar el acceso a la información pública relacionada con dicho proyecto. Esta iniciativa responde al deber de fiscalización que le confiere a la Legislatura Municipal el Código Municipal de Puerto Rico, específicamente en su Artículo 1.039 inciso (m), según enmendado por la Ley 107-2020. También radicaron una ordenanza que plantea un manejo integral basado en soluciones naturales como charcas de retención, reforestación y co-manejo comunitario.

La resolución presentada ordena al Municipio de San Juan, a través de sus oficinas pertinentes —como la Oficina de Permisos y la Oficina de Gerencia de Proyectos— que remita, en un término de quince días laborables, copias certificadas de todos los permisos, endosos, autorizaciones y comunicaciones oficiales emitidas, en proceso de evaluación o solicitadas en relación con el Proyecto de Canalización del Río Piedras. Además, se requiere la entrega de informes técnicos, minutas de reuniones, documentación sobre vistas públicas y detalles de los procesos de consulta interagencial que involucren entidades como el DRNA, la OGPe, la AAE y la AAA.

Esta solicitud no es meramente administrativa. Representa un acto de defensa del interés público, de protección de los espacios ecológicos y de promoción de la participación ciudadana informada. Las comunidades afectadas por este proyecto tienen el derecho de conocer cómo se están tomando las decisiones que impactan su entorno, sus derechos y su calidad de vida.

Desde las minorías legislativas, esta resolución se erige como un llamado a la transparencia, a la rendición de cuentas y al respeto por los procesos democráticos. En tiempos donde la confianza pública en las instituciones se ve constantemente desafiada, iniciativas como esta reafirman el compromiso con una gestión municipal responsable, inclusiva y abierta al escrutinio ciudadano.

La resolución, al entrar en vigor inmediatamente tras su aprobación, marca un precedente importante en la defensa del derecho a saber y en la exigencia de que los proyectos de gran envergadura se desarrollen con el debido respeto a las comunidades que los rodean. Es, en esencia, una manifestación clara de que la fiscalización no es una opción, sino una obligación democrática

La ordenanza propone:

  • Rechazar el proyecto de canalización en su forma actual por no cumplir con criterios de sustentabilidad ni participación comunitaria.
  • Adoptar como política pública la restauración ecológica y el manejo participativo de la cuenca del Río Piedras.
  • Respaldar oficialmente la Resolución Comunitaria como base técnica y social para un nuevo diseño ecológico del río.
  • Crear un Comité de Co-Manejo Comunitario con líderes vecinales, ambientalistas, académicos y representantes municipales.
  • Instruir al Departamento de Permisos y Planificación a no autorizar intervenciones sin estudios de impacto ambiental y consulta pública.
  • Exhortar al DRNA y al USACE a revisar su propuesta e integrar soluciones basadas en la naturaleza.
  • Designar al Río Piedras como “Zona de Interés Ecológico Especial”.
  • Comprometer recursos técnicos, administrativos y educativos para apoyar la implementación de esta política.
  • Derogar cualquier ordenanza incompatible con esta resolución.
  • Establecer que las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separables, preservando su validez ante cualquier impugnación legal.

Estas propuestas, nacidas desde las minorías legislativas y respaldadas por las comunidades ribereñas, representa una oportunidad histórica para redefinir el manejo de nuestras cuencas urbanas. Es un llamado a priorizar la justicia ambiental, la participación ciudadana y la protección de nuestro patrimonio natural frente a modelos de desarrollo obsoletos.