Desde el inicio de la administración de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en Puerto Rico, particularmente en zonas con alta concentración de inmigrantes, como Río Piedras. En estos operativos, cientos de personas han sido detenidas, muchas de ellas de origen dominicano. La comunidad ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en estos procedimientos, ya que algunos inmigrantes han sido arrestados sin órdenes judiciales, lo que ha generado un ambiente de miedo y aislamiento.
Uno de los aspectos más controversiales de la política migratoria en Puerto Rico ha sido el uso de las licencias de conducir como herramienta para identificar y localizar inmigrantes sin estatus definido. En los últimos años, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha compartido información con ICE sobre miles de conductores inmigrantes en la isla a pesar del compromiso de que esa información no sería utilizada en su contra. La licencia de conducir especial para inmigrantes fue creada con el propósito de facilitar la movilidad y el acceso a servicios básicos, pero ahora se ha convertido en un mecanismo de vigilancia que pone en riesgo a quienes la poseen.
Ante la creciente presión migratoria, el Municipio de San Juan ha tomado medidas para apoyar a la comunidad inmigrante. La Oficina de Asistencia al Inmigrante ha sido clave en la orientación y protección de los inmigrantes, ofreciendo servicios legales y asesoría para quienes enfrentan procesos de deportación. Sin embargo, estas medidas resultan muy tímidas ante la gravedad de la situación y el impacto que tiene en la vida de los inmigrantes radicados en la capital.
El Municipio de San Juan es la jurisdicción con el mayor número de inmigrantes en todo Puerto Rico. Desde el 27 de enero del 2025 la delegación legislativa a nivel municipal del Movimiento Victoria Ciudadana repudió el discrimen y el hostigamiento de las comunidades inmigrantes, particularmente de la comunidad dominicana en San Juan, y presentó legislación para convertir a San Juan en una “ciudad santuario”.
Se censuro la participación del gobierno local en los operativos de control migratorio federal ya que erosionan la confianza de los inmigrantes y los fuerza a no solicitar servicios básicos, denunciar delitos o participar activamente en la sociedad en detrimento de la seguridad y cohesión social de nuestra ciudad.
El proyecto de ordenanza número 25 dispone que ningún empleado o agente del gobierno municipal indagará sobre el estatus migratorio de cualquier persona que solicite servicios o participe en interacciones con agencias municipales, salvo cuando sea estrictamente requerido por ley federal.
También requiere que las fuerzas de seguridad municipales no colaborarán con las autoridades federales en operativos de control migratorio como lo viene haciendo hasta ahora. Además, el proyecto de ordenanza plantea que toda información sobre el estatus migratorio obtenida accidentalmente por agentes municipales será tratada como confidencial y no podrá ser divulgada sin autorización legal explícita.
Cónsono con esta posición las portavoces de la delegación del MVC se unieron como coautoras del proyecto de ordenanza número 46 presentado por la licenciada Ingrid C. Colberg Rodríguez, delegada del Partido Popular Democrático en la legislatura de San Juan. El P. de O. 46 insta al municipio a “evaluar y fortalecer su rol en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes residentes en nuestra ciudad capital; denunciar y actuar ante los riesgos actuales que enfrenta la comunidad migrante en Puerto Rico, particularmente la comunidad dominicana en San Juan.”
La delegación del MVC en la legislatura municipal se sostiene en que las políticas migratorias de Donald Trump han generado un impacto profundo en la comunidad inmigrante de Puerto Rico, aumentando la vulnerabilidad de quienes viven sin un estatus migratorio definido. La intervención de ICE en Río Piedras, el uso de licencias de conducir para rastrear inmigrantes y la respuesta del Municipio de San Juan reflejan la complejidad del problema. En este contexto, es fundamental que se continúe promoviendo el respeto a los derechos humanos y se busquen soluciones que protejan a quienes han hecho de Puerto Rico su hogar. Hasta el momento la legislatura municipal no ha actuado ni atendido los reclamos de las minorías en ese cuerpo.