Daisy Sánchez Collazo
En la sesión ordinaria de la Legislatura Municipal de San Juan del 23 de agosto, se aprobó una moción que obliga a todos los legisladores a utilizar el logo oficial de la legislatura como fondo de pantalla en sesiones virtuales. Aunque la medida fue presentada como un intento de preservar la solemnidad institucional, lo que se evidenció fue un ejercicio de poder por parte de la mayoría parlamentaria —en este caso, del Partido Nuevo Progresista (PNP)— que vulnera el derecho fundamental de las minorías a la libertad de expresión.
La moción fue presentada por el legislador Carlos Acevedo Acevedo y aprobada con 14 votos a favor y 3 en contra. Los legisladores de minoría, entre ellos Daisy Sánchez, Norma Devarie e Ingrid Colberg, expresaron su desacuerdo, argumentando que el fondo de pantalla representa una forma legítima de expresión política.
A pesar de estas objeciones, la mayoría procedió con la votación y desestimó las preocupaciones de la minoría. Incluso la presidenta de la legislatura, en su comentario final, minimizó el reclamo al afirmar que “no se está coartando la libre expresión de nadie”, mientras simultáneamente cerraba el debate y daba por concluido el asunto.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución de Puerto Rico (Artículo II, Sección 4) y por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este derecho garantiza que toda persona pueda expresar sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias o censura gubernamental.
En el contexto legislativo, este derecho se extiende a los representantes electos, quienes deben tener la capacidad de expresar sus posturas políticas, incluso simbólicamente, como en el uso de fondos de pantalla, vestimenta o emblemas. La Corte Suprema de EE.UU. ha reiterado que la expresión simbólica —como banderas, logos o imágenes— está protegida bajo la Primera Enmienda (ver Texas v. Johnson, 1989).
La imposición de un fondo institucional, sin espacio para la objeción razonada ni mecanismos de excepción, transforma una medida administrativa en una herramienta de control político. En su turno el legislador Luis Crespo acusó a la minoria de violar un supuesto acuerdo tomado en una comisión ejecutiva de la Comisión de gobierno que según ellos, ya se había acordado no volver a discutir.
Esta acusación se da en el marco de una controversia más amplia: la querella contra la legisladora Norma Devarie Díaz por el uso de un supuesto símbolo político que la mayoría considera una amenaza. La moción sobre el fondo institucional parece entonces no ser una simple medida de orden, sino una estrategia para silenciar a la minoría e impedir que se traiga nuevamente a discusión un asunto que incomoda a la mayoría. (Ver artículo del 18 de Agosto “Mi voz habla por la vida”)
En lugar de fomentar el diálogo, se impone una narrativa única que excluye la pluralidad de voces, debilitando el carácter democrático de la legislatura. El argumento de que “todos tenemos el derecho de expresarnos en nuestros turnos” no justifica la censura visual, especialmente cuando esa expresión simbólica es parte del mensaje político que cada legislador desea transmitir. Además, la amenaza de trasladar las sesiones nuevamente al salón físico como represalia ante la oposición judicial refuerza la percepción de abuso de poder. En vez de buscar consenso, se recurre a la fuerza institucional para silenciar la disidencia.
Las minorías legislativas cumplen una función esencial en cualquier democracia: fiscalizar, cuestionar y representar voces que no están en el poder. Silenciar o limitar su expresión —aunque sea mediante símbolos visuales— debilita el pluralismo político y erosiona la legitimidad del cuerpo legislativo. La democracia no se mide por la capacidad de la mayoría de imponer su voluntad, sino por su disposición a respetar y proteger los derechos de quienes piensan distinto.
La moción aprobada por la mayoría PNP en la Legislatura Municipal de San Juan, aunque presentada como una medida de orden institucional, representa un claro ejemplo de cómo la uniformidad puede convertirse en censura. La libertad de expresión no se limita a las palabras habladas; incluye también los símbolos, imágenes y gestos que comunican identidad política. En una democracia saludable, la diversidad visual y simbólica no es una amenaza: es una manifestación legítima del pluralismo que debemos proteger.