Daisy Sánchez Collazo

La ciudad de San Juan, capital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se encuentra en el epicentro de una crisis humanitaria silenciosa pero persistente. Con una población estimada de más de 36,000 personas nacidas fuera de Puerto Rico lo que representa aproximadamente el 11% de sus habitantes, la capital alberga una comunidad migrante diversa, mayoritariamente dominicana, que ha contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad. Sin embargo, esta comunidad enfrenta hoy un clima de creciente hostilidad, marcado por redadas, deportaciones y políticas migratorias agresivas impulsadas por el gobierno federal bajo la administración de Donald Trump.

Desde enero de 2025, más de 775 inmigrantes han sido arrestados en Puerto Rico, de los cuales el 74% son dominicanos y el 87% son hombres. Estas cifras reflejan no solo una intensificación de los operativos migratorios, sino también un patrón de perfilamiento racial y criminalización de la pobreza, que ha generado miedo, desconfianza y retraimiento social entre los migrantes. En San Juan, este temor se traduce en la disminución de visitas médicas, especialmente entre mujeres embarazadas, y en el abandono de espacios públicos y servicios esenciales.

En un reportaje de la periodista Frances Rosario de Primera Hora del 13 de julio, se afirma que las inmigrantes embarazadas dejan de asistir a sus citas. Una de las entrevistadas, que no fue identificada para su protección, narró que “la sorpresa y emoción …al enterarse de su embarazo hace más de tres meses se ha tornado en depresión y más temor, luego de que el padre de su futuro retoño fuera arrestado en medio de un operativo antimigrantes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico…

Tanto el municipio de Hormigueros como el de Aguadilla aprobaron una ordenanza para declararse ciudad santuario. Mientras tanto, en la legislatura del Municipio de San Juan fueron radicados por las minorías tres proyectos dirigidos a establecer protocolos para proteger a la población migrante. Las medidas, radicadas por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana y la delegación del Partido Popular Democrático fueron enviadas a las comisiones de Gobierno y la del Desarrollo del Inmigrante donde esperan por ser consideradas.

Desde enero 27  la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Legislatura Municipal de San Juan presentó el primer proyecto de ordenanza de su gestión para declarar a San Juan como una ciudad santuario. Esta propuesta busca establecer una política pública que prohíba la colaboración del gobierno municipal con operativos migratorios federales, garantice la confidencialidad de la información migratoria, y asegure el acceso igualitario a servicios municipales sin discriminación por estatus migratorio.

Una ciudad santuario es una jurisdicción que limita su cooperación con las autoridades federales de inmigración, especialmente en lo que respecta a la detención y deportación de personas indocumentadas. Estas políticas no impiden la aplicación de leyes federales, pero sí protegen a los inmigrantes de intervenciones arbitrarias, fomentan la confianza entre comunidades y autoridades locales, y promueven la seguridad pública al incentivar la denuncia de delitos y el uso de servicios esenciales sin temor a represalias.

La administración Trump ha intensificado los esfuerzos de deportación masiva, incluso en territorios como Puerto Rico, donde no existen centros de detención permanentes y los inmigrantes son trasladados al continente, lejos de sus familias y abogados. En este contexto, las ciudades santuario se convierten en barreras de protección frente a la persecución migratoria, y en espacios de resistencia institucional que defienden los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

La Unión de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU por sus siglas en inglés) ha sido una voz clave en la defensa de los derechos de la población migrante. Desde el inicio de los operativos, ha denunciado el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias, y la colaboración encubierta de autoridades locales con ICE. Además, ha creado una línea de ayuda legal gratuita, ha impulsado la formación de un Frente Amplio contra las políticas migratorias de Trump, y ha exigido que el gobierno local adopte protocolos de protección en escuelas, hospitales e iglesias.

A pesar de la urgencia de la situación, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, ha calificado las ordenanzas de ciudad santuario como un simple “statement”, restándoles valor y calificándolas de “inconsecuentes”. Esta postura ha sido duramente criticada por la delegación del MVC, que ha denunciado la falta de acción del ejecutivo municipal y la complicidad de la mayoría legislativa, que ha enviado los proyectos a comisiones sin fecha de consideración. Mientras tanto, videos muestran a la policía municipal colaborando con ICE, bloqueando calles y dirigiendo el tránsito durante redadas.

La ordenanza presentada por el MVC no es simbólica: establece prohibiciones claras, sanciones administrativas de hasta $5,000 por infracción, y programas de capacitación para empleados municipales en colaboración con organizaciones comunitarias. Declara que la dignidad humana es inviolable, y que San Juan debe ser un lugar seguro, justo y acogedor para todas las personas, sin importar su origen o estatus migratorio.

Proteger a los migrantes no es un gesto político ni una declaración vacía. Es un acto de justicia, una afirmación de humanidad, y una responsabilidad constitucional. En tiempos de persecución y miedo, San Juan tiene la oportunidad de convertirse en un refugio de dignidad, un modelo de inclusión, y un símbolo de resistencia frente a la exclusión. Pero para lograrlo, se necesita voluntad política, compromiso institucional y presión ciudadana. Porque como bien dice la ACLU: ningún ser humano es ilegal.