En la Legislatura Municipal de San Juan, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó por descargue la Resolución 91, una medida que autoriza al Alcalde a mover dinero asignado para servicios personales hacia otras partidas del presupuesto general del año fiscal 2025–2026. La aprobación ocurrió sin discusión en comisión, un proceso que generó preocupación entre la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana.
Según la Oficina de Asuntos Legales del municipio, esta práctica no es nueva: aseguran que resoluciones similares se han aprobado antes y que cumplen con el Código Municipal. Para la mayoría legislativa, el hecho de que nunca hayan recibido señalamientos de la Oficina del Contralor —dirigida durante muchos años por la CPA Yesmín M. Valdivieso Galib, nombrada en 2010 y en funciones hasta octubre de 2025— demuestra que el mecanismo es válido y que no representa un riesgo administrativo.
Sin embargo, la delegación del MVC sostiene que repetir prácticas del pasado no justifica ignorar los requisitos actuales. La carta circular de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal 2024–2025 exige que cada transferencia de crédito especifique claramente de dónde sale el dinero, a dónde va y cuál es el motivo del movimiento. Además, requiere que cada transferencia venga acompañada de documentos que detallen estos elementos. Las portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana, la Dra. Norma Devarie Díaz y Daisy Sánchez Collazo, consideran que la Resolución 91 es demasiado amplia, ya que autoriza transferencias sin especificar detalles y equivale a dar un "cheque en blanco" al alcalde Miguel Romero Lugo.
Este choque entre visiones refleja las dinámicas propias de la legislatura municipal. La mayoría del PNP, que cuenta y controla los votos necesarios para aprobar medidas sin apoyo de la minoría, tiende a favorecer mecanismos que, desde su perspectiva, agilizan la administración y permiten flexibilidad presupuestaria. La delegación del MVC, por su parte, tiene la responsabilidad de fiscalizar, denunciar irregularidades y exigir transparencia en el uso de fondos públicos. Para nosotras, nuestro rol no es simplemente votar, sino velar porque cada acción presupuestaria cumpla con la ley y con los estándares de claridad y transparencia que exige la normativa vigente.
La controversia alrededor de la Resolución 91 revela la importancia del balance de poderes en los municipios. Mientras la mayoría administra, la minoría fiscaliza. Cuando ese equilibrio se tensa, surgen debates como este, que obligan a mirar con más atención cómo se manejan los recursos públicos y qué mecanismos existen para garantizar que cada decisión presupuestaria se tome con la transparencia y la documentación que la ciudadanía merece.
La delegación del MVC plantea que, cuando llegue el momento, el país debe revisar a fondo el modelo del “winner takes all” (el ganador se lo lleva todo) que rige en las legislaturas municipales. Para el MVC/SJ, este modelo concentra demasiado poder en un solo partido y limita la representación real de las diversas voces de la ciudadanía. Proponemos que se evalúe una alternativa que permita un balance más justo, donde las decisiones no respondan únicamente a la fuerza numérica de una colectividad, sino a los intereses genuinos de las comunidades que cada legislador y legisladora representa.