Daisy Sánchez Collazo
El proyecto de canalización del histórico río Piedras, se ha convertido en un símbolo del desdén institucional hacia las comunidades que bordean sus riberas. Lo que debería ser un ejercicio de desarrollo urbano responsable ha mutado en un proceso oscuro y apresurado, donde la falta de comunicación y transparencia ha generado preocupación, frustración y, sobre todo, resistencia.
La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura municipal de San Juan fue invitada a una reunión junto a la delegada del Partido Popular Democrático, con cinco de los grupos que representan a estas comunidades, para escuchar un resumen de las gestiones, estudios y reuniones que han sostenido con funcionarios del municipio y representantes del Cuerpo de Ingenieros.
Entre los grupos que asistieron estuvo presente Comunidades Protectoras del Río Piedras representado por Graciela Belaval; este comité ha denunciado el proyecto como "ambiental y socialmente obsoleto". También presentó una demanda judicial para detener el proyecto, alegando falta de permisos y daño ecológico irreversible. Además asistieron representantes de Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca, Guarda Río y Comunidades Protectoras del río Piedras.
Organizados bajo la Coalición Comunitaria de la Cuenca del Río Piedras que agrupa a residentes de Puerto Nuevo, Reparto Metropolitano, University Gardens, Jardines Metropolitanos, Villa Nevárez, Caimito, Quebrada Arenas y Carraízo, la comunidad ha levantado la voz ante un conjunto de decisiones que parecen privilegiar el concreto sobre la vida humana. El cambio abrupto del enfoque de relocalización a expropiación, y la distribución inconsistente de resoluciones han puesto en evidencia una gestión desconectada de la realidad de las personas afectadas.
El 1 de julio se envió una carta al Alcalde solicitando diálogo, pero no hubo respuesta. Esa indiferencia se siente con más fuerza en sectores como Reparto Metropolitano, donde la erosión de las quebradas amenaza viviendas construidas hace más de treinta años. La narrativa oficial justifica la expropiación como parte de un desarrollo estratégico, pero para los residentes, es una táctica de despojo. En nombre del progreso se pretende borrar comunidades enteras sin ofrecer alternativas dignas. ¿Qué se les ofrece a quienes pagan una hipoteca durante tres décadas en una zona que luego se les declara "inundable"? Nada, salvo el silencio y el desamparo.
La canalización propuesta no sólo pone en riesgo el entorno ecológico al alterar el curso natural del río— sino que también margina a los ciudadanos puertorriqueños que durante años han aportado a la estabilidad de sus comunidades. Mientras algunas zonas costeras como La Parguera parecen gozar de inmunidad geográfica ante las intervenciones del Estado, otros sectores quedan atrapados en un juego injusto de criterios y privilegios.
Frente a esta realidad, la comunidad ha hecho esfuerzos tangibles para ser escuchada: participación en sesiones municipales, preparación de puntos clave para reuniones con la prensa, presentación de resoluciones y propuestas orientadas a soluciones basadas en la naturaleza. Porque esto no es solo un problema de infraestructura, es una cuestión de justicia social, de respeto por el hogar y la historia de miles de puertorriqueños.
Afortunadamente, existen tecnologías modernas que permiten regenerar los ríos con menor impacto ambiental: Infraestructura verde, que restaura riberas y previene inundaciones; monitoreo satelital y modelos hidrológicos, que permiten planificación precisa; captación de agua pluvial y filtración natural, integradas al entorno urbano. Estos avances demuestran que limpiar los rios, eliminar la vegetación y convertirlos en canales es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer para protegernos de las lluvias torrenciales y las inundaciones. La solución no está en arrasar, sino coexistir.
La comunidad está claramente comprometida con la defensa de su entorno y su derecho a una vivienda digna. La regeneración del Río Piedras no debe ser solo una obra de ingeniería, sino un proceso inclusivo que respete la historia, la ecología y la vida de quienes habitan sus riberas.
Lo que exige la comunidad no es la paralización arbitraria del proyecto, sino su rediseño desde una perspectiva más humana, ecológica y transparente. Que se abran las puertas al diálogo, que se escuchen las soluciones que brotan desde la comunidad. Porque lo que está en juego no es sólo el cauce de un río, sino el curso de sus vidas.
El MVC se une a todos los reclamos de estas comunidades. Ya en el cuatrienio pasado presentó legislación para atender el reenfoque que buscan estas organizaciones de la canalización. Ese compromiso está más solido que nunca y la delegación se comprometió a presentar nueva legislación y petición de información que hasta ahora se les a negado.
